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Emasa acuerda aplazar la deuda por impago del agua hasta seis años

08/10/2009.

Parte de las viviendas afectadas por la supresión del suministro ya disponen del mismo · Los grupos de la oposición y las federaciones de vecinos denuncian la medida adoptada por el equipo de gobierno

Los cortes de agua decretados por la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) a un importante número de clientes en las barriadas de La Corta y Palma-Palmilla, debido al reiterado impago de las facturas, empiezan a remitir, aunque en un caudal escaso. Responsables de la sociedad municipal explicaron a este periódico que desde finales de la semana pasada ya se ha reinstaurado el servicio a varias de las viviendas afectadas en La Corta, cuyos propietarios han acudido a la sede de esta sociedad para tratar de negociar soluciones que les permitan abonar la cuantía adeudada, acumulada, en algunos casos, desde hace años. En alguno de los supuestos, la fórmula adoptada por los responsables municipales abre la vía para que el débito se salde en un plazo de hasta seis años, según señaló el gerente del organismo, José Luis Rodríguez, y confirmó a este periódico el alcalde, Francisco de la Torre.

El regidor popular destacó "la política flexible, de mucha paciencia" con la que actúa Emasa ante los impagos por parte de los usuarios, pero insistió en que cuando se acumulan dos años de facturas "se tiene que plantear el pago". Asimismo, recordó la existencia de "una red social", integrada tanto por las administraciones local, regional y estatal como por organizaciones como Cáritas, que colabora con las personas que así lo necesiten.

Sobre este punto insistió ayer la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la capital, Araceli González, quien invitó a las familias afectadas por los cortes a acudir a la instalaciones de Emasa para analizar la situación e intentar hallar alternativas. "Se les ha enviado cartas informando de la situación, se les ha llamado por teléfono y no ha habido respuesta, con lo que se llega a una medida extrema, que es el corte", explicó la edil de PP, quien consideró que el problema está "en vías de solución". Incluso, señaló que a aquellas personas que en ningún caso puedan asumir el pago de la factura, ni siquiera mediante su aplazamiento, "se les derivará a los servicios sociales del Consistorio".

"Cada persona tendrá una solución individualizada", apostilló la concejal de Medio Ambiente, que lamentó el que se ha tenido que optar por el corte del suministro, aunque insistió en recordar que es "la sorpresa desagradable" con la que se encuentran aquellos que "hacen caso omiso de las advertencias que se les plantean".

Las explicaciones dadas por el equipo de gobierno del PP no parecen, sin embargo, convencer del todo ni a los grupos de la oposición municipal, PSOE e IU, ni a los principales colectivos vecinales de la ciudad. En este sentido, el portavoz socialista, Rafael Fuentes, abogó por adoptar "medidas extraordinarias en una situación económica que es extraordinaria, donde hay muchas familias en dificultades". Por ello, consideró "inadmisible" que se haya optado por el corte del agua y reclamó a Emasa que remita el listado de afectados a los servicios sociales para discernir aquellos que sí están en condiciones de sufragar la deuda de aquellos que no lo pueden hacer. Este trámite, según reconocieron fuentes municipales, no se ha dado por parte de Emasa.

Fuentes, además, puso en duda la legalidad de la decisión adoptada por el Ayuntamiento. "Jurídicamente no creo que sea legal el corte del agua, porque hay doctrina distinta sobre la opción de cortar un bien esencial para la vida humana", dijo, al tiempo que reclamó una "moratoria" para las familias damnificadas por una medida que tachó de "injusta".

En la misma línea, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, consideró que la determinación adoptada por Emasa pone de manifiesto que la "ausencia" de una política social "da lugar a estas situaciones". "El Ayuntamiento tiene que ser consciente de que hay impagos injustificados y otros que tienen un trasfondo social. Lo que le pido es que todas estas acciones vengan informadas por los servicios sociales", apostilló, quien puso en duda las garantías jurídicas de lo sucedido.

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad, su presidente, Ramón Carlos Morales, fue muy claro al expresar su opinión: "Se han pasado tres pueblos". A su juicio, la medida adoptada tiene que ser "la última alternativa" posible. Por su parte, el presidente de Cívilis, Antonio Fuentes, insistió en que antes de asumir el corte del suministro de agua a una serie de bloques "hay que estudiar todas las medidas, las habidas y por haber". "Es una decisión demasiado tajante o extremista", apostilló.

Fuente: Máñlaga Hoy

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