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Urbanismo
Urbanismo privatiza Echeverría

10/11/2009.

Declara privado uno de los conjuntos de Echeverría de El Palo pese a haber defendido su naturaleza pública en los informes de los últimos 30 años

Enjaulados. La urbanización está rodeada por una verja con puertas que se cierran de noche y los fines de semana  G. Torres

Enjaulados. La urbanización está rodeada por una verja con puertas que se cierran de noche y los fines de semana G. Torres

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El Ayuntamiento de Málaga ha decidido declarar como privado uno de los dos conjuntos que forman la urbanización Echeverría de El Palo, que desde su construcción en 1975 tienen el carácter de público, haciendo caso omiso para ello de varios decretos y resoluciones municipales, además de dos sentencias judiciales que a lo largo de estos 34 años han promulgado el carácter público de estos dos conjuntos. El carácter privado de esta urbanización que tiene 464 viviendas y 51 locales lo firmó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, el pasado mes de agosto.

Frente a un importante número de vecinos que han aplaudido la medida, hay otros que se muestran en contra y la han recurrido. Estos últimos muestran su extrañeza de que el Ayuntamiento haya tomado una decisión que consideran que va en contra de anteriores medidas municipales y de fallos judiciales y además es contradictoria, ya que ha decretado la privacidad de uno solo de los dos conjuntos mientras que el otro, de idénticas características, permanece con su carácter público.

A la cabeza de los vecinos que se oponen a dar carácter privado a este recinto se encuentra Luis Gutiérrez, presidente de uno de los bloques de viviendas. Gutiérrez ha presentado un recurso administrativo contra la decisión municipal. Argumenta que la consideración de pública de la zona viene reflejada en el Plan General (PGOU), que aprobó el pleno municipal, por lo que algo aprobado en sesión plenaria no puede ser "cambiado diametralmente" por un simple decreto.

Alega igualmente el perjuicio que acarreará a muchos de los locales comerciales del recinto y que también va a suponer para los vecinos "un desembolso económico muy importante" para costear su mantenimiento, "al que muchos no podrán hacer frente". La documentación aportada por el Ayuntamiento sobre esta urbanización permite constatar cómo desde su inicio, según reflejan sus propias escrituras de constitución, la zona está considerada pública.

Antecedentes

En 1990, siendo alcalde el socialista Pedro Aparicio, éste envió al juzgado número 4 un informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo que afirmaba que "la totalidad de los terrenos ocupados por la denominada plaza Miramar de El Palo tienen y han tenido desde el momento en que acabó su construcción la consideración de públicos", y añadía más adelante que el PGOU "no recoge el suelo que ocupa la plaza como patio interior de la urbanización, sino como viario". En 1996, con Celia Villalobos (PP) de alcaldesa, ésta contestó a una pregunta afirmando en su respuesta que "según los datos obrantes en el servicio de planeamiento y gestión urbanística del patrimonio municipal, la parcela que forma el Pasaje Miramar de El Palo es pública".

También la justicia ha sido clara. En 1991, el juzgado número 2 falló en contra de la comunidad de propietarios, que había exigido a los dueños de locales que tenían puertas abiertas en la parte interior del recinto que las cerrasen al ser un recinto privado. El juez consideró esa exigencia "contraria a la ley" al concluir que los locales están en lugares comunes (públicos).

Las críticas


Luis Gutiérrez y los otros vecinos contrarios al carácter privado del recinto señalan a Ricardo Abá, el presidente del conjunto de bloques de la urbanización, como el "instigador" que ha hecho posible el cambio de postura del Ayuntamiento.

Gutiérrez explica que Ricardo Abá "siempre ha considerado la urbanización como privada sin serlo, y ha actuado en consecuencia". Así, cuentan que el presidente "ordenó quitar y guardar todas las papeleras que había en el recinto porque llevaban grabado el escudo y el emblema del Ayuntamiento".

También critican que Abá ha sido el que ha logrado introducir la seguridad privada en el recinto, "que supone un coste mensual de unos 7.000 euros y que sería innecesaria ya que si la zona es pública debía estar bajo control de la Policía Local".

Para estos vecinos contrarios a la privacidad del recinto, detrás de la obtención del carácter privado "hay otros intereses" y apuntan al proyecto que está preparando Ricardo Abá para renovar toda la solería, jardinería y el patio interior que "tiene un primer presupuesto de 1,3 millones de euros que al ser ahora un recinto privado deberemos costear todos los vecinos".

A éstas y otras críticas no ha querido responder Ricardo Abá, que ha declinado, pese a la insistencia, hacer declaraciones al respecto.

Fuente: La Opinion de Malaga.

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