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La Ley de Dependencia reactiva la economía social de Málaga

01/03/2010.

En plena crisis y con la mayoría de los sectores productivos de la provincia bajo mínimos, la Ley de Dependencia ha reactivado la economía social

Dependientes. Las residencias para ancianos son uno de los recursos que se ofrecen.  La Opinión

Dependientes. Las residencias para ancianos son uno de los recursos que se ofrecen. La Opinión

Así lo manifiestan claramente los diferentes agentes implicados, aunque revelan que precisamente la actual coyuntura ha causado un crecimiento más tímido del esperado.
La inversión pública para dar cumplimiento a este derecho ciudadano es más que reseñable. En el pasado ejercicio se invirtieron 115 millones de euros en la provincia sólo en prestaciones, lo que incide directamente en la generación de empleo y en el sector privado, ya que la Junta, para dar salida a estos miles de usuarios, ha de concertar plazas externas, al igual que los municipios, que ´tiran´ de sociedades privadas para ofertar la ayuda a domicilio.
Sin embargo, el mayor gasto (con el 51% de las ayudas) se corresponde con la prestación económica para el cuidador familiar. Le sigue en demanda la ayuda a domicilio (20%) y el resto de recursos (29%), que incluiría Unidad de Estancia Diurna (UED), teleasistencia, residencia, asistente personal o prestación económica vinculada a un servicio. 24.000 malagueños reciben ya una prestación o recurso.

El sector privado

Las residencias y la ayuda a domicilio son de las prestaciones sociales que han cobrado especial protagonismo. El vicepresidente de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Málaga (Artema), Juan Reina, explica que la situación es compleja ya que si bien no niega que existe volumen de negocio y que éste ha aumentado, dice que además de enfrentarse a la crisis tienen que dar cumplimiento a las nuevas exigencias de la Ley de Dependencia, "que son elevadas", y que obligan a realizar reformas y por tanto inversiones.
La normativa exige dos metros de salón por residente, habitaciones de 18 metros o baños individuales de 3,5 metros. "Estas mejoras supone en definitiva que perdamos plazas", dice. Reina indica que el 80% de las residencias suelen levantarse en chalés frente a los grandes centros existentes, muchos de ellos propiedad de grandes grupos constructores, recuerda. "Negocio hay, eso es indudable. Al principio se beneficiaban los centros concertados, pero ahora han aumentado las concesiones de la prestación vinculada a un servicio, por lo que el usuario elige la residencia", comenta. En la provincia de Málaga existen en torno a 130 residencias. El precio de una plaza privada oscila entre los 1.300 y los 1.600 euros al mes.

Puestos de trabajo

Reina no considera que se hayan multiplicado de forma notable los inversores y proyectos de nuevos centros privados, ya que explica que la inversión necesaria es fuerte y la actual coyuntura económica no favorece precisamente a iniciarse en el sector. Sin embargo, admite que se están creando nuevos puestos de trabajo. "La ratio es un trabajador por cada dos usuarios, así que para cumplirlo contratamos personal", afirma. Una tesis que coincide con los datos facilitados por la Junta, que indica que ya se han creado cerca de 12.000 empleos.
El presidente del colegio de Trabajadores Sociales de Málaga, Rafael Arredondo, un colectivo especialmente protagonista ante esta ley, reconoce ese incremento en el empleo, pero estima que se caracteriza por "la precariedad y temporalidad". Arredondo resalta que según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social, el único sector que ha experimentado un crecimiento es el relativo a sanidad y servicios sociales, lo que viene a demostrar este hecho.
Arredondo también considera que hacen falta además cursos formativos en esta materia, sobre todo para el cuidador familiar no profesional, y afirma que lo "poco" que se está haciendo es a iniciativa de la propia administración pública, es decir, de la Junta.

 

Fuente: La Opinión de Málaga

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