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Andalucía se sitúa a la cola de España en integración laboral de minusválidos
AGENCIAS/SEVILLA

02/05/2007.

Es una de las comunidades que más incumple la ley que regula el acceso de las personas discapacitadas al mercado de trabajo, según un estudio Sólo un tercio de las empresas reserva el 2% de sus plazas a este colectivo

OPORTUNIDAD. Un discapacitado psíquico en una fábrica. / ARCHIVO

OPORTUNIDAD. Un discapacitado psíquico en una fábrica. / ARCHIVO

La integración laboral de las personas con algún tipo de minusvalía continúa siendo una asignatura pendiente en Andalucía. La sentencia conocida en los últimos días que condena a la Junta a pagar 130.000 euros a un discapacitado de Huelva por su pasividad ante el «trato vejatorio, burlesco y degradante» que sufrió el trabajador en varios organismos públicos en los que estuvo empleado, ha vuelvo a poner de manifiesto las dificultades que encuentra este colectivo para encontrar un hueco en el mundo laboral y conseguir un trato igualitario por parte del resto de la sociedad.

Un informe hecho público ayer vuelve a dejar en evidencia las carencias que Andalucía presenta en este sentido. La Comunidad es una de las que más incumple la Ley de Integración Sociolaboral de los Minusválidos (LISMI), ya que menos del 32% de las empresas públicas y privadas andaluzas la acatan, según el Observatorio Fundación Grupo SIFU sobre integración laboral en la empresa, que analiza la situación actual del acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad.

Los datos

Según Europa Press, el estudio se elaboró durante el último trimestre del año 2006, sobre una muestra de 400 compañías con una plantilla superior a los 50 trabajadores de distintas comunidades autónomas y coloca por encima de la media de cumplimiento de la LISMI a Baleares, Aragón, País Vasco, Cataluña, Madrid y Navarra. En la parte baja de la tabla -por debajo del 32% de cumplimiento- estarían, junto a Andalucía, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y Canarias.

Según el Observatorio Fundación Grupo SIFU, los empresarios de la comunidad aragonesa son los que muestran un mayor conocimiento de la existencia de esta normativa, en un cien por cien de los casos consultados, frente al 96% de la media española.

La LISMI establece que las empresas públicas y privadas, con una plantilla igual o superior a los 50 trabajadores, están obligadas a reservar el dos por ciento de las plazas para personas con discapacidad, recuerdan desde esta entidad. Existen también una serie de medidas alternativas al cumplimiento de la normativa recogidas en el Real Decreto 27/2000 de 14 de enero.

El estudio revela un alto grado de incumplimiento de la LISMI entre las empresas españolas que se sitúa entorno al 68%, es decir, cerca de siete de cada diez empresarios no cumplen con la ley que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores reservar un dos por ciento de las plazas de la plantilla a personas con discapacidad.

Entre las conclusiones del trabajo realizado por el Observatorio Fundación Grupo SIFU destaca también que el 60,4% de los empresarios consultados para el estudio aseguran no contratar personas con discapacidad porque consideran que no cumplen el perfil requerido.
DIARIO SUR

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