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Los barrios temen que la amnistía anime a la especulación

01/03/2012.

LUCAS MARTÍN Llevan más de tres décadas en espera de una solución. Sus casas se elevan cerca de la orilla desde antes de que se endureciera la legislación. Han pasado del limbo jurídico al coqueteo recurrente con la amenaza. Muchos han temido por la demolición. Los vecinos de El Palo, Pedregalejo y La Araña observan de cerca las intenciones del Gobierno con la ley de Costas; hace apenas dos días despertaron con la noticia de una posible amnistia. Debería ser un motivo de euforia, pero, de momento, son pocos los que interpretan el anuncio como una victoria definitiva y, sobre todo, inmediata.

Detalle de la primera línea de playa de la barriada de El Palo.  Arciniega

Detalle de la primera línea de playa de la barriada de El Palo. Arciniega

Apenas unas horas antes de la reunión del Consejo Social de Medio Ambiente, que se celebra hoy, los vecinos se mostraban satisfechos, pero también expectantes, e incluso, escépticos. Las asociaciones llevan muchos años batallando contra la indeterminación y la falta de concesiones y dudan de que la incertidumbre se despeje con la contundencia con la que aparece en los papeles del Gobierno. Tanto Adolfo García, representante de Pedregalejo, como Santiago González, de El Palo, resaltan las dificultades; el hecho de acordar un nuevo deslinde y fijar un precio por el suelo, que tiene la catalogación de público, pese a que las viviendas pertenezcan a sus dueños. «Son procesos largos, con un camino legal preestablecido, no resulta tan sencillo», detalla García.

Las expectativas suscitadas por esta nueva vuelta de tuerca a la ley de Costas mueven los sentimientos de los vecinos, pero también su inquietud. González recuerda que no es la primera vez que se anuncia una reforma con ambición suficiente como para frenar, de una vez por todas, la irregularidad administrativa de las viviendas. «Ya hemos estado otras veces en este punto», señala. No obstante, los vecinos coinciden en un punto: todos anhelan obtener la certeza de que sus casas no volverán a ser cuestionadas, aunque no a cualquier precio. La desafectación propuesta por el Gobierno, que tiene previsto habilitar los usos privados en las áreas del litoral ya asumidas por el entorno urbano, caso de El Palo y Pedregalejo, anima a los propietarios, pero también les desasosiega. «No nos gustaría que al hacerse todo esto privado se permitiesen otro tipo de construcciones. Esto no se puede convertir en Benidorm», indica Antonio Rodríguez, vicepresidente de la asociación de El Palo.

La propuesta del consejo asesor de Medio Ambiente, que será examinada en la convocatoria de hoy, menciona expresamente la posibilidad de autorizar la venta de los inmuebles, que, hasta ahora, estaba vetada por la administración. Los colectivos temen que ese movimiento despierte al fantasma de la especulación y exigen garantías de que la posible privatización de los terrenos no será el inicio de otro tipo de ocupación. «Se tiene que mantener la estética y el tipo de construcciones, no aprovechar para subir la altura. Se crearía, entonces, un problema mayor», dice García.

José Damián Ruiz Sinoga, profesor de Geografía Física de la Universidad de Málaga, comparte la inquietud. «Se desconoce el contenido de la reforma, pero me preocupa el interés en nuevos usos del suelo público», alerta.

Un problema de «media Costa del Sol». El problema de las casas de El Palo, Pedregalejo o La Araña, de las edificaciones radicadas en la primera línea de playa, en dominio público, ha variado en función de la presión de la ley y la interpretación del urbanismo y el medio ambiente. Desde mediados de los setenta, se han superpuestos los periodos de calma, acumulados a partir de la aprobación del PGOU de 1983, que reconocía la existencia urbana de las barriadas, con intensos debates como el de hace apenas dos años, en el que la revisión de los chiringuitos volvió a poner el acento en la situación de unas viviendas que todavía hoy carecen de concesión, pero en las que la sensación de peligro no parece ta acusada como en temporadas anteriores.

Después de décadas de inseguridad, los afectados desean que se resuelva su estado administrativo, aunque son conscientes de que ya no suponen una excepción en la provincia. «Si la ley se aplicara para todos, media Costa del Sol estaría en la misma situación», declara José Santos, presidente de la asociación de vecinos de La Araña. Los colectivos piden que se aproveche el cambio de norma para introducir mejoras en los paseos marítimos y en las playas del entorno.

Fuente: Diario La Opinión de Málaga

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