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La nueva Ley de Costas legalizará las 517 viviendas de Pedregalejo y El Palo

14/07/2012.

El Gobierno salva de la indefinición y de la piqueta a estas casas, que llevan más de treinta años esperando su legalización 03:34 VOTE ESTA NOTICIA Imagen de algunas de las casas de la barriada del Pedregal afectadas por la Ley de Costas. NOTICIAS RELACIONADAS Los chiringuitos tendrán un plazo mayor de explotación y más estabilidad. Málaga El Estado cobrará un canon a los afectados por la Ley de Costas del 88 que amplíen su concesión por 75 años más. Fuente. La Opinión de Málaga

Imagen de algunas de las casas de la barriada del Pedregal afectadas por la Ley de Costas

Imagen de algunas de las casas de la barriada del Pedregal afectadas por la Ley de Costas

b. astorga / agencias El Gobierno regularizará las casas de las barriadas malagueñas de El Palo, Pedregalejo y la Araña para excluirlas del dominio marítimo-terrestre y que pasen a formar parte del Patrimonio del Estado, según anunció ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros donde se aprobó el anteproyecto de la Ley de Protección y Uso Sostenible de Litoral y la modificación de la Ley de Costas de 1988. Esta amnistía se aplicará a otros 10 núcleos conflictivos en toda España.

Sáenz de Santamaría explicó que el objetivo de esta regularización es «dar respuesta a la demanda social» existente en dichas barriadas históricas donde, hasta el momento, las casas, enclavadas en primera línea de playa, se encontraban en zona de dominio público, en una situación de alegalidad. Con el nuevo régimen especial que contempla la futura Ley de Costas, que se aprobará definitivamente después del verano, se pone fin a una vieja reivindicación que los vecinos vienen haciendo desde hace más de 30 años y que mantenía en vilo a unas 1.500 familias que habitan en las 517 viviendas afectadas en Málaga.

Vecinos satisfechos El presidente de la Asociación de Vecinos de El Palo, Adolfo García, señaló ayer a La Opinión de Málaga que con esta noticia «los vecinos tienen que estar felices y de enhorabuena» y añadió que ahora esperan que las administraciones competentes (Gobierno central, Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de la capital) se reúnan con ellos para explicarles los aspectos más importantes de este anteproyecto que les afectan, considerando que «hay que acotarlo», y «eso es lo que le vamos a pedir». García consideró que a partir de ahora «hay que hacerlo bien para evitar la especulación, porque puede entrar perfectamente», evitando que se aprovechen terceras personas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos de El Palo, Santiago González, criticó el error de las administraciones con respecto a este asunto «al no asumir las cosas en su momento», lo que «ha hecho que se consoliden derechos».

Al igual que García, resaltó la necesidad de que el Estado evite la especulación (ahora se podrán vender las casas), porque «es lo que preveían algunas personas con este tipo de viviendas».

El nuevo texto precisa que estos terrenos se incorporarán al patrimonio del Estado como bienes patrimoniales y se regirán por lo determinado en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, las familias «saldrán de dominio público y se podrán convertir en propietarios». Además, explicó que estas zonas serán definidas y cartografiadas para que no puedan crecer.

Concesión por 75 años El anteproyecto de la Ley de Costas elevará hasta 75 años las concesiones de viviendas en playa y permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a la normativa. En general, las concesiones de 30 años de uso del dominio público (que eran ampliables a 60) pasarán a tener 75 años ahora. Según explicó el Gobierno tras el Consejo de Ministros, las concesiones empezaban a caducar en 2018 y se reforma para «evitar el riesgo de que se produzca la pérdida del derecho en un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros». Además, los propietarios de las casas en la playa las podrán vender y hacer reformas sin permiso siempre que no aumenten de altura ni volumen.

Sin embargo, los titulares de los inmuebles afectados por la Ley de Costas de 1988 deberán pagar un canon para renovar su concesión por un plazo de 75 años que empezarán a contar cuando venza el permiso que tienen en vigor. El canon se determinará reglamentariamente y variará en función de si se trata de una vivienda familiar o de un establecimiento comercial.

Por tanto, con la nueva norma y pagando una cantidad quienes tienen una concesión de 30 años que caduca en 2018 podrán extenderla hasta, al menos, el año 2093, y quienes tenían opción de llegar hasta 60 años de concesión, podrían alargarla hasta el siglo XXII. Sin embargo, la iniciativa legislativa nada dice de lo que ocurrirá llegado ese momento

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