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La Ley de Dependencia tiene ya una lista de espera de 1.400 personas para pedir ayudas
Los Servicios Sociales de algunos distritos fijan para agosto las citas en

19/06/2007.

Ni la contratación de personal adicional, ni siquiera la orden interna dada por la edil de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga, María Victoria Romero, para dar prioridad a la tramitación de las solicitudes para acceder a las ayudas de la Ley de Dependencia han podido evitar que, a dos meses de la entrada en vigor de la norma, haya ya una lista de casi 1.400 familias que esperan la visita del trabajador social que debe realizar un primer informe sobre la situación del demandante. GEMA MARTÍNEZ/MÁLAGA

SELECCIÓN. Aunque se registran todas las solicitudes, este año sólo se atenderán las correspondientes a grandes dependientes. / SALVADOR SALAS

SELECCIÓN. Aunque se registran todas las solicitudes, este año sólo se atenderán las correspondientes a grandes dependientes. / SALVADOR SALAS

Desde la entrada en vigor de la ley, los servicios sociales comunitarios de la capital han atendido a cerca de 2.200 personas por cuestiones relacionadas con la misma, siendo el distrito Centro el que más solicitudes iniciales ha recogido, seguido de Bailén¯Miraflores.

En algunos distritos, como Cruz de Humilladero, las citas con el profesional, que se produce tras la entrega de esta primera solicitud en los servicios sociales correspondientes, se fijan ya para el mes de agosto, mientras que en Carretera de Cádiz y Puerto de la Torre, hay familias que deberán esperar hasta bien entrado julio.

«Hay que tener en cuenta que en muchos casos, el trabajador social debe desplazarse al domicilio para entrevistar al demandante de ayuda, ya que se trata de grandes dependientes; es decir, de personas que no pueden desplazarse», explica Romero. La edil señala que los informes que se realizan y que se remiten a la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía son muy completos, y en ellos se recoge la situación socio-familiar del demandante; las condiciones del hogar; los recursos y los certificados de minusvalía si los hubiera, entre otras cosas.

Trámites

No obstante, no son estos trabajadores sociales los que determinan el grado de discapacidad, ni las prestaciones a las que pueden acceder a través de la Ley de Dependencia. Una vez hechos los informes, estos se remiten a la Delegación de Igualdad. El organismo ya ha registrado cerca de 1.600 solicitudes, procedentes de toda la provincia, y que van acompañadas de los correspondientes estudios. Aunque en este momento se recogen todas las peticiones, independientemente del grado de dependencia del demandante de ayuda, durante el 2007 sólo se dará respuesta a los casos más graves.

El siguiente paso es que profesionales contratados por la Junta de Andalucía y que ya se conocen como valoradores, vuelvan a cursar una nueva visita al domicilio del demandante, en este caso, ya sí con el objetivo de hacer un dictamen en el que se indique el grado de dependencia. Los 43 valoradores contratados a tal efecto para toda la provincia aún no han comenzado a cursar estas visitas domiciliarias, aunque según la delegada de Bienestar Social, Amparo Bilbao, podrían empezar a finales de esta misma semana. Durante este mes, los profesionales han recibido formación intensiva sobre la Ley de Dependencia y han aprendido a manejar el programa informático que recogerá los datos necesarios para la valoración de los potenciales beneficiarios.

Una vez determinado el grado de dependencia, se acordará con el demandante lo que se ha dado en llamar un Plan Individualizado de Atención (PIA), en el que se fija la prestación que recibirá, así como la aportación que le corresponde dado su nivel de ingresos, ya que el Sistema Nacional de Dependencia contempla el copago. La ley establece un plazo de tres meses para que el valorador cierre este proceso desde que realiza la visita, según explicó la delegada: «Una vez realizada la valoración, el usuario dispondrá de la prestación o de la ayuda económica de forma inminente», subrayó Bilbao.

Prestaciones

El Gobierno ha aprobado recientemente el real decreto que determina baremos, financiación y los servicios y prestaciones incluidos en la citada ley. En este sentido, el diputado socialista Miguel Ángel Heredia destaca que entre los servicios que contempla se encuentra la teleasistencia, ayuda a domicilio entre 70 y 90 horas mensuales para los casos más graves, plaza en un centro de día o noche o atención residencial. «En caso de que no existiera oferta pública del servicio acordado, la persona con gran dependencia podrá recibir una serie de prestaciones económicas para contratarlo de forma privada o para sufragar los cuidados en el domicilio familiar», señala el diputado que, no obstante recuerda, que las cuantías de las prestaciones están relacionadas con los ingresos de los demandantes.

Aunque el Gobierno ha reiterado que durante este año todos los grandes dependientes ¯ 7.800 en el caso de la provincia¯ habrán recibido su correspondiente prestación, la complejidad del proceso hace pensar lo contrario, más aún cuando los profesionales encargados de la valoración no han comenzado a visitar a los demandantes. No obstante, la delegada de Bienestar Social mantiene que a finales de año, el 80% de los grandes dependientes de la provincia tendrán ya su Plan Individualizado de Atención y estarán recibiendo los servicios.

DIARIO SUR

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