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Ecología y medio ambiente
Un juez declara nulo el permiso de la Junta con el que funciona la fábrica de La Araña

30/06/2014.

La sentencia, que aún no es firme, considera que la autorización no evaluó correctamente los límites de contaminación, ruido y seguridad exigidos por ley Jesús Hinojosa Fuente. diario Sur.

Playa de La Araña, núcleo de la capital situado a apenas setenta metros de la fábrica de cemento. / Álvaro Cabrera

Playa de La Araña, núcleo de la capital situado a apenas setenta metros de la fábrica de cemento. / Álvaro Cabrera

El mito de David contra Goliat bien pueda aplicarse a la lucha que mantienen desde hace años los cuatro mil vecinos de la urbanización El Candado contra el control administrativo de la fábrica de cemento de La Araña, de la que sus viviendas distan apenas ochocientos metros. Tras obtener hace dos años una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que se declaró nula la licencia otorgada por el Ayuntamiento para la reforma de la fábrica y la construcción de la torre de cien metros de altura sin la existencia de un estudio de impacto ambiental previo, porque así lo consintió entonces la Junta de Andalucía, un juzgado de la capital ha vuelto a dar la razón a los argumentos expuestos por la Asociación de Vecinos El Candado, que recurrió en 2008 la autorización otorgada por el Gobierno andaluz un año antes, en 2007, y con la que la fábrica ha venido funcionando desde entonces. En el año 2002, el Gobierno central aprobó la Ley de Prevención Integrada de la Contaminación, una norma que obligaba a instalaciones como la fábrica de cemento de La Araña, propiedad de FYM, filial española de Italcementi Group, a contar con lo que se denomina «autorización ambiental integrada», un permiso que tenían que otorgar las comunidades autónomas y que debía aglutinar otras muchas autorizaciones e informes sobre diferentes aspectos relativos a la contaminación atmosférica, el ruido y cuestiones relativas a la geología y el urbanismo, y a las medidas de seguridad en caso de accidentes. El plazo límite para obtenerlo se fijó en el día 30 de octubre de 2007. En 2003, el Ayuntamiento otorgó los permisos para la reforma de la fábrica, que tres años más tarde, en 2006, obtuvo de la Junta una subvención de 1,2 millones de euros para las modificaciones en sus instalaciones, valoradas en total en más de 60 millones de euros. Un año después, la misma Administración regional, concedió la autorización ambiental integrada, en concreto lo hizo el 23 de julio de 2007, por una resolución del entonces delegado de la Consejería de Medio Ambiente, Ignacio Trillo. En diciembre de 2008, la Asociación de Vecinos El Candado, defendida por el abogado Gonzalo García Weil, presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Málaga que, casi seis años después, ha sido estimado. Lo Más Visto Comentado Compartido 1 «Vivíamos en el paraíso, pero ahora es un infierno» 2 Un viaje estéril para el jeque 3 La locura de miles de %u2018señoritas%u2019 4 Localizan el coche en el que huyó el encapuchado que tiroteó al malagueño fallecido en Argentina 5 Las primeras obras revelan el buen estado del Miramar, ya en la cuenta atrás para ser el único gran lujo de Málaga 6 Pablo Motos no puede con el subidón de Diego el Cigala en El Hormiguero 7 «Cuando vi al encapuchado con la pistola supe que iban a matar a Domingo y por qué» 8 El presidente de la Liga vuelve a arremeter contra el Málaga y el jeque 9 El almacén de los juguetes viejos 10 «Me voy porque ya no me veo aquí. 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De hecho, ha sido recurrida tanto por la Junta como por la cementera ante el TSJA. No obstante, los vecinos se congratulan de lo «contundente» del fallo y subrayan su importancia después de todos los años transcurridos en su lucha por defender sus derechos. noticias relacionadas El magistrado pide a la Fiscalía que investigue si hubo prevaricación Además, lamentan que el modo de actuar por parte del Gobierno andaluz, y también del Ayuntamiento como administración que permitió las obras de renovación de la fábrica y que no emitió uno de los informes preceptivos para la aprobación de la autorización ambiental integrada, haya supuesto a la postre un perjuicio tanto para ellos, que denuncian padecer los efectos nocivos de la cercanía con la instalación, como para la propia cementera. El secretario de la Asociación de Vecinos El Candado, Manuel Grund, apuntó que «no se descarta la posibilidad de poner en conocimiento de la Fiscalía otra serie de licencias y aprobaciones de otras administraciones públicas referidas igualmente a la cementera para, en caso de que así lo estime conveniente el Ministerio Público, extender a las mismas las diligencias de investigación que puedan incoarse».

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