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Aprobado el reglamento que salva las casas de pescadores de El Palo y Pedregalejo

11/10/2014.

­El Consejo de Ministros aprobó ayer el Reglamento General de la Ley de Costas, que permitirá prorrogar las concesiones en vigor a quienes habitan viviendas en dominio público durante 75 años, que sumados a los 30 actuales permitirán extender esa concesión más allá de un siglo en algunos casos. Fuente. Diario La Opinión de Málaga

Vista aérea de algunas casas de Pedregalejo. GREGORIO

Vista aérea de algunas casas de Pedregalejo. GREGORIO

En el caso de la provincia de Málaga, la aprobación de este reglamento era muy esperada ya que la nueva ley levanta la servidumbre a unas 500 casas de pescadores de El Palo y Pedregalejo y da seguridad jurídica a los empresarios de los chiringuitos.

Estas viviendas quedaron incluidas dentro de la zona de protección del dominio marítimo-terrestre en la Ley de Costas de 1988, lo que significaba que debían ser demolidas, y sus dueños desposeídos de su propiedad, pero mientras se resolvía el futuro de las construcciones se les otorgó un derecho de uso temporal durante 30 años pero con la incertidumbre de qué pasaría en el futuro. Una vez que este reglamento se publique en el BOE en los próximos días podrán mantenerse en pie las viviendas y podrán ser propietarios legales con todos los derechos.

Con la aprobación de este reglamento se pone fin a una larga pesadilla y que el Ayuntamiento de Málaga trató de paliar cuando elaboró su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al delimitar la zona como suelo urbano. Sin embargo Costas en aquella ocasión advirtió entonces que no podía hacerlo porque las casas estaban dentro de la zona de dominio y pendientes de que se adoptara una solución. Esta advertencia del Ministerio de Medio Ambiente provocó la angustia entre los vecinos de El Palo y Pedregalejo y al final el Ayuntamiento de Málaga no tuvo más remedio que dejar fuera de ordenación a todas las casas incluidas dentro de la zona de protección del dominio marítimo-terrestre según estipulaba la Ley de Costas de 1988.

Como mal menor, todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Málaga adquirieron un compromiso verbal con los vecinos de trabajar para dejar fuera del deslinde a sus viviendas. Nuevo reglamento El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, explicó ayer este reglamento, que desarrolla y aplica la nueva Ley de Costas de 2013 (en sustitución de la del 88), por el que se prorrogan las concesiones en vigor en dominio público hasta 75 años para las viviendas, 50 para los hoteles y explotaciones económicas similares y 30 para los aproximadamente 3.000 chiringuitos que existen en las playas. La concesión máxima actual de estas viviendas o instalaciones era de 30 años.

Otra gran novedad es que estas concesiones serán transmisibles a partir de ahora, y se podrán vender, heredar e incluso ser susceptibles de hipotecas, algo que no ocurría hasta ahora. Los particulares también podrán hacer reformas en la instalación o vivienda para la que tienen concesión siempre que las obras no excedan el tamaño, superficie y volumen de la misma.

El documento distingue entre playas naturales y urbanas, y permite un uso más extensivo de estas últimas incluyendo la posibilidad de que en ellas se puedan llevar a cabo «eventos de interés público», como por ejemplo fiestas locales o conciertos, siempre que la administración lo estime oportuno y previo pago de un aval para subsanar posibles daños.

Las playas urbanas podrán contar con hasta un 50% de ocupación por parte de actividades económicas y chiringuitos, que no podrán tener más 300 metros cuadrados en total al borde del mar. En las playas naturales, entendiendo por tales las que no están contiguas a suelo urbano, las ocupación no podrá exceder el 10% y los chiringuitos habrán de tener como máximo 20 metros cuadrados de cerrado y 50 de terraza; no pudiendo existir entre uno y otro una distancia inferior a 300 metros.

Con este reglamento se ordena definitivamente la situación de unos 3.000 chiringuitos y da seguridad jurídica a 13.000 viviendas que se construyeron en su día legalmente en las costas españolas, que podrán prorrogar sus concesiones.

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