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Andalucía aglutina el 83 por ciento de las prestaciones reconocidas en España en torno a la Ley de Dependencia

31/10/2007.

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, se reunió hoy en Antequera con representantes de los ayuntamientos andaluces de más de 20.000 habitantes y con los presidentes de las diputaciones provinciales para establecer políticas de actuación con respecto a la puesta en marcha del Sistema de Atención a la Dependencia en la región andaluza, que hasta la fecha concentra "el 83% de las prestaciones económicas reconocidas en toda España", según explicó Navarro.

EUROPA PRESS Se trata de la cuarta reunión que se celebra en la comunidad andaluza en torno a la dinamización de esta necesidad social convertida ya en derecho desde el presente año. "Todos estos meses de trabajo nos han permitido valorar el 43% de las solicitudes presentadas (más de 65.000), y de éstas ya están recibiendo algún tipo de prestación el 34%", puntualizó la consejera, quien estableció la diferencia que existe entre dictamen, una baremación que se realiza a todas aquellas personas que tengan interés en acogerse a la nueva normativa, y prestación, que en un primer momento va destinada a los ciudadanos que entran en la catalogación de grandes dependientes.

Este reparto de ayudas económicas se sumarán, a partir del próximo año, los dependientes severos, que "deberán recibir prestaciones en los primeros meses de 2008", puntualizó Navarro, quien estuvo acompañada durante la reunión inicial por el alcalde de Antequera, Ricardo Millán, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano.

En términos absolutos, las cifras indican que a nivel estatal la comunidad andaluza ha facilitado ya el 83% de las prestaciones reconocidas en toda España por situación de dependencia. A nivel provincial, en Málaga se han presentado un total de 9.933 solicitudes, de las cuáles han recibido ya dictamen el 51,8%. De este total, el 26,6% de las peticiones han recibido prestaciones sociales en función del grado de dependencia del familiar afectado.

POLITICAS DE COORDINACION SOCIAL

A este amplio panorama se suma el engranaje socio-laboral configurado en torno a la nueva normativa, que ha permitido la contratación de 536 profesionales en toda la región, entre trabajadores sociales y personal de administración.

Así, la Junta ha destinado 14,9 millones de euros a las entidades locales para la contratación de este personal, así como para la adquisición de mobiliario y equipamiento informático. "Además se han creado 392 nuevos puestos de trabajo en las delegaciones provinciales de la Consejería para la Igualidad y Bienestar Social para desempeñar las citadas funciones de valoración", continúo Navarro, quien indicó que desde la Junta se han realizado un total de 245 actuaciones para formar a los casi 2.000 profesionales que trabajarán en el citado sistema de atención a la dependencia.

Entre las novedades que se han concretado en la mesa de trabajo de esta mañana, -en la que se han reunido más de 500 profesionales, entre responsables políticos y trabajadores de la administración- se ha establecido la puesta en marcha de un plan piloto de estancia diurna los fines de semana y días festivos. "De entrada, el sistema se va a configurar con 500 plazas, que nos permitirá establecer las políticas de coordinación y las necesidades reales existentes en torno a la prestación de este servicio", continúo Navarro.

Finalmente, la consejera expuso la satisfacción que supone desde su Consejería "ver avanzar la coordinación de una ley que ha permitido convertir en derecho una necesidad social demandada desde hace años".

Al mismo tiempo, ensalzó las actuaciones que desde la Junta de Andalucía se están realizando para convertir en realidad una normativa estatal en la que se ven involucradas, a partes iguales en la financiación, el Gobierno central y las comunidades autónomas. "Somos la única comunidad que ha establecido políticas de coordinación conjunta con los ayuntamientos locales, lo que supone un logro social de significado ya que serán los municipios los encargados de dar garantías a los ciudadanos para acogerse a este sistema", expuso Navarro.
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