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El Gobierno prepara las condiciones para que los vecinos de las casas de El Palo y Pedregalejo puedan regularizar sus viviendas

07/11/2015.

Solo podrían obtenerlas de forma gratuita si aportan una inscripción registral o documentos que acrediten su propiedad anteriores al 31 de mayo de 2013. Dos años después de que entrara en vigor la reforma de la Ley de Costas que hará posible que los vecinos que habitan las casas situadas en primera línea de playa en El Palo y Pedregalejo puedan regularizar su situación urbanística, el Gobierno prepara las condiciones para que puedan acceder a lo que supone una nueva adquisición de las que ya son sus viviendas y, de este modo, legalizarlas, al excluirlas del dominio público marítimo-terrestre

Casas de la Playa

Casas de la Playa

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado en su web el proyecto de la orden que regulará la transmisión de estas casas a sus moradores o propietarios. Los interesados disponen de 15 días para presentar alegaciones al listado de requisitos que el Gobierno pretende establecer.

La transmisión de los inmuebles situados junto a los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo solo se realizará de forma gratuita a aquellas personas que demuestren que ellos o sus antecesores los compraron, siempre antes del 31 de mayo de 2013, mediante escritura pública o por documento privado presentado en una oficina pública, o que aporten la inscripción en el Registro de la Propiedad anterior a esa fecha. En el resto de casos, los vecinos tendrán que pagar por sus viviendas para poder regularizarlas.

El Gobierno pretende establecer los precios de las casas teniendo únicamente en cuenta el valor del suelo sobre el que se asientan, no el de las construcciones. La valoración se haría en función de las ponencias catastrales y podría reducirse hasta un máximo del 90%, siempre que sea residencia habitual, en función de una serie de condiciones. Por el mero hecho de ser residencia habitual, solo habría que pagar la mitad del valor del suelo.

Para la identificación de los posibles beneficiarios de estas medidas, el Gobierno efectuará una convocatoria pública en la que otorgará un plazo de dos meses para que los particulares presenten toda la documentación necesaria para acreditar que pueden acceder a la transmisión de los inmuebles. En los casos en que haya vecinos que se vean obligados a pagar más de 30.000 euros, el ministerio podrá autorizar un aplazamiento en varias cuotas durante un plazo no superior a 10 años. Y si el comprador de la vivienda se beneficia de algunas de las reducciones de precio previstas, no podrá venderla durante los cinco años siguientes a su regularización.

Las transmisiones a administraciones y fundaciones públicas de construcciones que tengan una utilidad pública o un interés social se harán siempre de forma gratuita, según el proyecto de orden que prepara Medio Ambiente

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