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Opinión
La democracia participativa

06/11/2016.

La moderna sociedad urbana necesita de una moderna democracia urbana. Si en las primeras democracias clásicas apenas había representación de las asociaciones o de los ciudadanos al ser la sociedad más heterogénea, hoy en día las sociedades son más complejas, plurales, fragmentadas..., Texto. Juande Mellado Fuente: la Opinión de Málagaf

La democracia participativa

La democracia participativa

hay diversidad de opiniones y múltiples canales para expresarlos y difundirlos, pero siguen con el mismo problema de antaño de que no se logra dar el paso definitivo para pasar de una democracia representativa a otra más participativa y completa. No le interesa a ninguno de los partidos, acostumbrados a mirar a los ojos de los ciudadanos sólo cada cuatro años para pedirles que depositen su voto sin más explicaciones. Este modo de funcionar casi por inercia de una sociedad anestesiada se quebró por la dura acometida de la crisis económica salpicada por innumerables escándalos de corrupción que despertaron del letargo a la ciudadanía harta de ser una papeleta con dos patas y dos ojos. El ciudadano reclama ahora su espacio en la ciudad, cosa distinta es que su voz sea tenida en cuenta.

En Europa, desde hace años, la OCDE estableció una líneas estratégicas para firmar una especie de nuevo «contrato social» entre los poderes e instituciones públicas y la ciudadanía y la sociedad civil con el fin último de frenar el descrédito de la vida política (y al populismo) y mejorar la percepción que se tenía de las instituciones. Se intensificaron las relaciones con los ciudadanos; integraron al público en el proceso de elaboración de políticas; se establecieron mecanismos para responder a los retos planteados por la sociedad de la información que permite a los ciudadanos interactuar más con el poder lo que les exigía más transparencia... Pero si en el contexto global ya se vio la necesidad de que la participación ciudadana era una demanda y una necesidad social, en el ámbito local cobra aún más importancia prestarle atención por su proximidad.

Por eso llama la atención que un convencido defensor de la administración local como es Francisco de la Torre orille el espíritu de la participación ciudadana más allá de los presupuestos participativos para pequeñas obras, arreglos en los distritos o pintadas de fachadas. Los vecinos, los ciudadanos, reclaman cada vez más que su voz se tenga en cuenta en los grandes proyectos que puedan hipotecar o proyectar el futuro de una ciudad y quieren dar el paso definitivo hacia esa moderna democracia urbana y participativa que complete a la representativa. Un cambio necesario pero difícil de encajar en el día a día para mantener un equilibrio adecuado entre gobierno y ciudadanía. Ahí está el reto.
Nadie duda de que corren nuevos tiempos en política, donde las mayorías absolutas han pasado a mejor vida (por ahora) y que los gobernantes deben esmerarse en no retorcer el espíritu de la leyes para seguir gobernando como si nada hubiera pasado en este país. Un ejemplo significativo lo tenemos en los plenos del Ayuntamiento de Málaga, donde el equipo de gobierno del PP sistemáticamente incumple todas las mociones que son aprobadas por los grupos de la oposición y van en contra de sus intereses. Sucede igual en Sevilla, donde gobierna el PSOE, o en Cuenca, lo que demuestra que es un mal endémico que sufren casi todos los gobernantes. Cierto es que tienen la cobertura legal de la Ley de Bases de Régimen Local o la Ley de Grandes Ciudades, que impulsó el gobierno de Aznar en 2003, ley que despojó al pleno de casi todas competencias salvo aprobar los presupuestos, ordenanzas fiscales, planes de urbanismos, mociones de censura... Poco margen queda para la oposición. El sistema establecido es lo más parecido al del Gobierno central, donde el pleno son las cortes generales; la junta de gobierno local es el consejo de ministros y el alcalde de turno es el presidente de España.

Hasta ahora esta concentración de poder pasaba más o menos desapercibida debido a que Francisco de la Torre gobernaba con mayoría absoluta, pero en este mandato municipal lo hace en minoría (13 concejales frente a 18) y pese a ello mantiene firme la posición de que el equipo de gobierno del PP cumplirá estrictamente lo que marca la ley y que esta ciudad no se gobernará desde la oposición. Mario Cortés, cuando era portavoz municipal, lo dejó muy claro: «Cumpliremos todas las mociones a las que se sume el equipo de gobierno. Del resto, no me pidan explicaciones porque no lo vamos a ejecutar».

El PP tampoco parece dispuesto a gobernar en función de consultas populares que decidan, por ejemplo, algo tan insignificante como si para los terrenos de Repsol se quiere un gran parque que oxigene la zona más masificada de la ciudad o es mejor elevar varias torres y viviendas junto a zonas verdes. De la Torre fue muy gráfico cuando hace semanas justificó su rechazo a que se celebrara una consulta como aprobó el pleno por tercera vez: «En un estado de derecho, las cosas deben plantearse en términos de legalidad. Es cierto que el planeamiento urbanístico se puede cambiar, pero lo tienen que cambiar los que están en la responsabilidad de gobernar. No queremos crear un dinámica de que cualquier consulta o encuesta pueda cambiar el planeamiento». Sin embargo, el alcalde de Málaga se ampara precisamente en un colectivo de no más de 500 ó 600 vecinos para rechazar un compromiso que firmó en 2013 con la Junta de Andalucía para construir un tranvía desde el Guadalmedina hasta el hospital Civil.

Llegado a este extremo, los gobernantes demuestran que las opiniones de los vecinos sólo son tenidas en cuenta si coinciden con sus intereses, que la democracia participativa está en pañales y que ahora que en la mayoría de los ayuntamiento se se gobierna en minoría se debería reflexionar sobre esa ley de 2003 que resta competencias al pleno municipal para dárselas al equipo de gobierno. Siempre queda la posibilidad de una moción de censura, que sí es competencia del pleno, pero ejercerla también sería una muestra más del fracaso y de la nula capacidad de los partidos para alcanzar acuerdos que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos

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