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El alcalde de Estepona sale custodiado por la policía tras 14 horas de registro en el Ayuntamiento

18/06/2008.

El regidor abandonaba la sede municipal sobre las 5.30 horas de la madrugada. Previamente, lo hacía el jefe del Gabinete de la Alcaldía, también arrestado en esta operación, y que permanecía en el registro de estas oficinas desde las 16.40 horas de ayer. La policía ha recogido más de una decena de cajas con documentación

La policía salía hoy del Ayuntamiento de Estepona, junto al alcalde socialista Antonio Barrientos, tras más de actorce horas de registro de la sede municipal en el que estuvo presente el regidor detenido por sui presunta implicación en una trama de corrupción urbanística. Barrientos, que fue conducido pasadas las 15.00 horas de ayer al Consistorio tras el registro policial de su vivienda, abandonaba las dependencias sobre las 5.30 horas de hoy, según ha podido comprobar Efe. La policía ha recogido más de una decena de cajas con documentación.
Previamente los agentes salieron del consistorio con el jefe del gabinete de Alcaldía, también arrestado en esta operación y que permanecía en el registro de estas oficinas desde las 16.40 horas de ayer.
La policía detuvo ayer al alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, y a otras 24 personas, entre ellas varios ediles del equipo de gobierno del ayuntamiento de la localidad, alguno de anteriores corporaciones, y técnicos, abogados y empresarios a los que se vincula con una supuesta trama de recalificaciones fraudulentas, cohechos urbanísticos y blanqueo de capitales, con ramificaciones en Madrid, San Sebastián, Bilbao y Córdoba. Anoche comenzaron las primeras declaraciones ante la juez de los siguientes detenidos: M. C. H., J. L. C. A., A. A. F. G., J. R. G. y A. M. C. L. Al cierre de esta edición se desconocía la decisión adoptada por la jueza sobre su situación personal.

Además del alcalde han sido arrestados el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano; la edil de Playas y número dos del PSOE local, Marisa Rodríguez Pino, y la de Educación, María Victoria López, todos del PSOE. También han sido detenidos Manuel Reina, concejal del PES; el jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores; un ingeniero de Urbanismo, y el arquitecto municipal Arturo Cebrián, a quien unas escuchas telefónicas ya vincularon presuntamente el pasado mes de febrero con un caso de blanqueo.

Dos años y tres meses después de la »operación Malaya», los mismos expertos policiales han desencadenado la »operación Astapa» -denominación fenicia de Estepona- en la que han sido detenidas también un persona en Bilbao y otra en Córdoba. Esta última, según fuentes de la investigación, es el presidente del grupo Prasa, José Romero González, aunque según una nota remitida por esta empresa, Romero «ha sido llamado a ampliar información sobre la actividad inmobiliaria de esta compañía a lo largo de los últimos años en Estepona».

La redada, según fuentes de la investigación, «hunde sus raíces», en la »operación Malaya». En octubre de 2006, tras cinco meses de investigaciones, los expertos en blanqueo de la policía descubrieron que los tentáculos de la corrupción marbellí afectaba presuntamente a un concejal de Estepona. La Agencia Tributaria siguió la pista y sólo unas semanas después confirmó que varios de los miembros de este consistorio y sus familias habían experimentado un desproporcionado aumento en sus rentas inmobiliarias en la última década, que en modo alguno se correspondía con sus ingresos.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), con apoyo de las Unidades Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona y la Fiscalía de Málaga, abrieron entonces una investigación propia sobre la trama en Estepona. Dada la envergadura de las irregularidades y el número de implicados, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decidió hace un mes entregar el caso a la Fiscalía Anticorrupción, que de inmediato dedicó al tema a dos de sus especialistas. Sobre la mesa había 1.578 expedientes por supuestas irregularidades urbanísticas por los que empezar las indagaciones.

Recalificaciones

Los pinchazos telefónicos no tardaron en sacar a la luz que la base del supuesto negocio era la recalificación: la venta masiva de terreno público a promotoras y empresarios amigos a un precio muy por debajo del mercado. También había adjudicaciones a dedo, concesiones ilegales de permisos de obra a cambio de comisiones millonarias a repartir, presuntamente, entre los altos cargos del ayuntamiento implicados, una «práctica idéntica» a la que el Grupo Independiente Liberal (GIL) había puesto en marcha en Marbella años antes, cuando también gobernaba Estepona.

Los primeros en ser detenidos ayer fueron miembros de la corporación municipal: el alcalde Antonio Barrientos; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano; el arquitecto municipal, Arturo Cebrián; un ingeniero de Urbanismo y el jefe de la Alcaldía, José Flores, según fuentes de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción les imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.

Los especialistas de la Udef y la Udyco irrumpieron a primera hora de la mañana en el Ayuntamiento de Estepona acompañados del alcalde a la búsqueda de pruebas. Durante varias horas registraron el edificio y la casa particular de Barrientos en la urbanización Bahía Azul, en la que el alcalde fue detenido y en la que la policía se incautó de varias cajas de documentación y planos de proyectos urbanísticos. Al mismo tiempo, otros funcionarios allanaron las delegaciones municipales de Urbanismo y Hacienda en el Edificio Puertosol, a la búsqueda de papeles que probaran el pago de comisiones y las recalificaciones hechas contra la ley.

Asesoramiento

De manera simultánea, los agentes entraron en 38 oficinas de asesoramiento inmobiliario y constructoras en Málaga y otras provincias. Al menos quince abogados y empresarios fueron arrestados en las primeras horas de la operación, mientras que los expertos valoraban la posibilidad de detener a otros letrados y constructores de Málaga, Cádiz, Córdoba, Madrid, Bilbao y San Sebastián, sospechosos de haber pagado al Ayuntamiento comisiones para conseguir grandes terrenos para edificar urbanizaciones de lujo y que podrían haber ayudado a ocultar ese dinero negro.

El listado de personas implicadas en esta trama, según fuentes de Anticorrupción, supera el medio centenar de personas, si bien no todos van a ser detenidos en las próximas fases de la operación, ya que se espera recopilar más pruebas.

El juzgado ha ordenado a 22 registros de la propiedad distintos que controlen los bienes de 55 sospechosos para que no borren indicios de su vinculación con la trama. Han colaborado en la información: María José Cruzado, Juan Cano y Montse Martín.

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