El Ayuntamiento empieza a aplicar alguna de las directrices del gobierno abierto (open governmet) y por vez primera los ciudadanos podrán enmendar las leyes de la ciudad –las ordenanzas– vía web. Concretamente, las dos de último cuño, Transparencia y Vía Pública, ya están colgadas en el portal ‘Málaga Contesta’ (web:malagacontesta.malaga.eu), donde los vecinos de Málaga se puedan dar de alta a través de un registro para poder participar vía on line en la mejora de estas normas. También pueden realizar sugerencias en otra serie de aspectos y para ello deben hacerlo seleccionando el área de Gobierno en cuestión o uno de los once distritos. Por ahora, las propuestas ciudadanas, que pueden verse también ‘on line’ todavía no son muy profusas, ya que ayer la última era del 20 de noviembre.
El objetivo de esta página web, a la que se accede también desde la página web corporativa municipal, es que los ciudadanos, poco a poco, se acostumbren a tener una relación más fluida con el Ayuntamiento y realicen sus quejas en tiempo real, para lo cual se le dará, a través de los encargados de la misma, una notificación al área encargada o distrito que tenga que ver con la propuesta o queja.
En cuanto a las ordenanzas, Transparencia y Vía Pública, ‘Málaga Contesta’ sugiere a los ciudadanos que cuando aporten sus ideas sobre las mismas se centren en cuatro cuestiones:los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles alternativas, regulatorias y no regulatorias. Cada vez que un ciudadano registrado (eso es fundamental, no se puede participar desde el anonimato) intente enmendar una norma, en concreto las dos que actualmente están en este proceso, recibirá una respuesta a su sugerencia, en la que se le indicará si ha sido aceptada, o no, y los porqués.
Antes de las alegaciones
Este proceso, que ya será de obligado cumplimiento para todas las ordenzas que se aprueben por el Ayuntamiento de Málaga se realizará tras la exposición de la norma en la comisión municipal correspondiente o la notificación de que va a subirse al citado portal para que den su opinión los vecinos. Una vez que la ordenanza salga de la fase ‘Málaga Contesta’ entrará en el periodo de alegaciones públicas, que el Ayuntamiento deberá resolver. Una vez enmendada, o no, deberá aprobarse por el pleno de la ciudad, que sí tiene competencias en esta materia así como en cuestiones presupuestarias como en las modificaciones urbanísticas.
En referencia a las citadas ordenzas, la de Vía Pública, que es la que regula los usos y aprovechamientos en la calle, sobre todo en terrazas de bares y restaurantes, la novedad, como explicaba la concejal de Comercio, María del Mar Martín Rojo, radica en que el Ayuntamiento dará autorización a bares, restaurantes o kioscos para utilizar un máximo de espacio en la vía pública, y el autorizado deberá explicar cuáles son los elementos que se ubicarán en la zona. Además, una vez autorizado, estará obligado a mostrar en una zona visible de su establecimiento un plano a escala adecuada para que los interesados (entre ellos, la Policía Local) puedan consultarlo. De hecho, y como explicó la directora de Comercio, Esther Molina, a este periódico, ya hay algunos establecimientos que tienen señales de bronce en el suelo para delimitar el espacio. «Vamos a pedir más unidades de bronce porque son muy útiles para que los hosteleros marquen el terreno del que disponen».
La ordenanza de Transparencia de Málaga es un compendio de las normas que rigen para el ámbito estatal y regional, y la que está ahora mismo a disposición de los ciudadanos para su consulta y enmienda es similar al borrador de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La esencia misma de la transparencia ya rige en la Constitución Española en el artículo 105b, que habla del derecho que tienen los españoles a acceder a los archivos y registros administrativos salvo a los que tengan que ver con la defensa del Estado, la averiguación de delitos y la intimidad de las personas. Ahora sólo falta que las administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Málaga, interioricen este derecho de la ciudadanía y faciliten de forma cotidiana su acceso al mismo.