Han pasado 18 meses desde que se anunciara una profunda revisión del modelo de gestión del agua y, salvo periodos puntuales, ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central han reducido la dependencia de la provincia de sus embalses. Las obras de desalación y de reutilización de aguas residuales, sumandos de la fórmula anunciada para garantizar el abastecimiento, apenas han avanzado desde 2005, el año de la puesta en marcha de la desalinizadora de El Atabal, en la capital, y de la desaladora de Marbella.
Sólo el dividendo de la ecuación, la demanda, ha mejorado en el último trienio. El decreto de sequía de noviembre 2005 ha permitido un ahorro anual de casi 60 hectómetros, equivalente al consumo de la ciudad de Málaga. Ha funcionado la colaboración ciudadana, pero ni la Consejería ni el Ministerio de Medio Ambiente han puesto en marcha las inversiones anunciadas.
Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA) ha destinado 50 millones a obras de emergencia, sobre todo a la puesta en servicio de pozos que han minimizado los efectos de una sequía que cumple su tercer año consecutivo. Exceptuando los agricultores del Valle del Guadalhorce -sometidos a restricciones en sus riegos-, ni los ciudadanos ni el sector turístico han notado que estamos en plena sequía, como remarcan con frecuencia desde la Junta.
Problemas puntuales
Pese a que los embalses están desde hace meses por debajo del 40%, sólo se han producido problemas puntuales con la caída de nivel de los pozos en municipios como Cártama, Álora y Pizarra. Ello no ha sido óbice para que el propio presidente de Cuenca Mediterránea Andaluza, Antonio Rodríguez Leal, haya reconocido dos graves errores en la gestión del agua en la provincia los últimos años.
El primero, desaprovechar el embalse de La Concepción por la falta de capacidad de trasvase hacia la capital. Las actuales tuberías sólo permiten llevar 50 litros por segundo, y sigue pendiente la mejora de las conducciones para aumentarla hasta 250 litros por segundo. Esta actuación permitiría evitar los desembalses de la presa, que sólo tiene 56 hectómetros de capacidad cuando recibe enormes aportes de agua no sólo del río Verde, sobre el que se asienta, sino del trasvase Guadalmina-Guadaiza-Guadalman- sa, construido durante la metasequía de 1991-95.
La semana pasada, el Ayuntamiento de Málaga se comprometió a tener elaborado este verano el proyecto para aumentar la capacidad de trasvase, que costará seis millones de euros y financiará la Junta. El recrecimiento de este embalse hasta los 100 hectómetros cúbicos es por ahora sólo una promesa.
Seguro de vida
La desaladora de Marbella, construida en 1995 y en cuya compra el Ministerio de Medio Ambiente se ha gastado 35 millones, es un verdadero seguro de vida para la Costa del Sol occidental. Sin embargo, y a diferencia del ambicioso plan llevado a cabo por el Gobierno del PP en Almería, con la construcción de media docena de estas plantas, Málaga tardará en contar con una nueva desaladora. Pese a que su ejecución fue una de las primeras promesas de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el proyecto se ha tramitado con una lentitud exasperante. Se tardó más de un año en decidir su ubicación (Mijas) y todavía no han salido a concurso las obras, pese a que los Presupuestos de 2007 contemplan una partida de 18 millones de euros. Se estima que esta planta aportará 20 hectómetros al año.
Otra iniciativa, planteada en 2004, es la planta desaladora de Pilones, próxima al PTA, y que trataría las aguas salinizadas del embalse de Guadalhorce. El proyecto sigue en el dique seco, al igual que la obra considerada por muchos como la clave para garantizar el suministro de agua en Málaga: el aprovechamiento de los caudales del río Guadiaro, que vierte anualmente al mar 800 hectómetros cúbicos, cuando el consumo de la provincia es de 500.
A estas alturas, Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) va camino de reeditar el pésimo papel que su antecesor, Acusur, jugó en el objetivo de solucionar o al menos mitigar la sequía estructural que sufre Málaga. Si la sociedad creada por el PP sólo llevó a cabo la desaladora de El Atabal, el ente impulsado por el PSOE tiene un año para que la legislatura no termine en blanco en Málaga.
Tubería de Cerro Blanco
El caso de la tubería desde Cerro Blanco (río Grande) hasta El Atabal resulta especialmente grave. Pese a que el Gobierno asegura que se sigue negociando con los agentes políticos y sociales para desbloquear el proyecto, lo cierto es que una vez adjudicada en noviembre por 43 millones de euros, esta actuación se ha desactivado por el fuerte rechazo que despertó en el Valle del Guadalhorce.
Ha sido una gran oportunidad perdida para lograr 20 hectómetros cúbicos de agua excedente, aunque los colectivos ecologistas sostienen que la ejecución de la tubería y del azud (pequeña presa) previstos en este proyecto hubiera tenido gravísimas consecuencias medioambientales. Las obras promovidas por Acuamed iban a ser costeadas por el Gobierno (52%) y la Junta (48%), si bien el Ayuntamiento de Málaga debía abonar el 35% del coste una vez que entrara en servicio.
DIARIO SUR