No obstante, no todas las personas que digan tener a un enfermo dependiente a su cargo recibirán esta ayuda económica, ya que también aquí son los equipos de valoración los que deciden. «Hay que tener mucho cuidado con eso que se ha dado en llamar la »paga». No se trata de que la familia o la vecina obtenga una paga por la persona dependiente. La ayuda económica se aprobará en aquellos casos en los que efectivamente se estén dando los cuidados adecuados, porque de lo contrario se optará por otra alternativa, e incluso por la contratación de cuidadores profesionales», explicó a este periódico la delegada de Bienestar Social.
Para determinar esta circunstancia son fundamentales los estudios que realizan los Servicios Sociales Comunitarios, que, por su proximidad a los ciudadanos, conocen bien la situación social y familiar en la que se encuentran las personas dependientes de los diferentes distritos.
Elección
Según explica la delegada de Bienestar Social, el usuario no podrá elegir entre todo el menú de servicios recogidos en el decreto que se acaba de aprobar: «A través del Plan Individual de Atención, se le dará al beneficiario varias opciones determinadas por el equipo de valoración, y deberá elegir una entre ellas».
En el caso de que finalmente se apruebe que sea un familiar o persona próxima la que se haga cargo de los cuidados porque la situación lo aconseja, la prestación económica puede llegar hasta los 478 euros al mes. El estado también asume el coste de la cotización a la Seguridad Social y las acciones de formación.
La persona que finalmente sea valorada como »gran dependiente» recibirá una acreditación que tendrá validez para todo el Estado.
De momento, el desarrollo de la Ley de Dependencia ha supuesto la contratación en la provincia de 43 trabajadores sociales y 43 valoradores, además del personal que integra el nuevo Servicio de la Dependencia creado en la Delegación de Igualdad. Según Heredia, el sistema generará 11.300 empleos directos y 6.000 indirectos en el plazo de ocho años.
DIARIO SUR