La portavoz popular y concejala de Economía y Hacienda, Carolina España, dijo que Málaga es «pionera» en Andalucía en presentar este plan que deberán hacer todos los ayuntamientos y las diputaciones provinciales y dejó claro que el Consistorio «no tiene ningún agujero económico» y que no es cierto que las inversiones se vayan a reducir a la mitad. «Esto no es un plan de saneamiento», sentenció, al tiempo que indicó que habrá que buscar otras fuentes de financiación bien a través de los fondos europeos Feder o la venta de suelo municipal y los convenios urbanísticos, tal y como se prevé en el documento.
Tras recordar que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, envió una carta al ministro de Economía, Pedro Solbes, recordándole que no era un buen momento para aplicar esta ley «por la recesión» económica que se está padeciendo y señalar que a los ayuntamientos se les está «asfixiando» económicamente, España reclamó una mayor participación de los consistorios en los ingresos de las comunidades.
Por su parte, Rafael Fuentes, que se estrenó ayer en las labores de portavoz socialista en sustitución de Marisa Bustinduy, dijo que este plan llega «tarde y mal», criticó las formas y el fondo y aunque se mostró en desacuerdo con él justificó la abstención de su grupo municipal en que ante la actual situación es la «única salida». «El señor De la Torre ha estado conduciendo un coche de la economía ha gran velocidad; nosotros le hemos advertido de que iba a chocar y así ha sido, ahora queremos ayudar», manifestó.
El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, criticó que el PP no hubiera puesto en marcha este plan antes ya que la ley estaba aprobada desde 2001 y dudó de la viabilidad del mismo.
Vitelcom
Después de que la empresa coreana Hyundai desistiera de comprar Vitelcom y el futuro de casi 300 trabajadores quedara en el aire, se presentaron sendas mociones para abordar este asunto. Por unanimidad se aprobó la del PSOE en la que se insta a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento a «intensificar» la búsqueda de una solución y a poner las medidas oportunas para obtener los recursos económicos que permitan cobrar a los empleados. Sin embargo se rechazó la petición de IU de mostrar la repulsa municipal por la actitud de Hyundai y la petición para que la Administración autonómica interviniese Vitelcom como hizo en su día con Santana Motor.
Por otro lado, PP, PSOE e IU aprobaron la carta de derechos locales para los ciudadanos, defendida por el concejal de Participación Ciudadana, Julio Andrade. El documento apuesta por una gestión municipal más transparente, ágil y eficaz y que los malagueños reivindiquen sus derechos.