En todos los casos, el alcalde, que entonces era el independiente Enrique Bolín, salvó estos reparos por decreto, pero no dio cuenta de los mismos al pleno municipal, como obliga la ley cuando se adoptan este tipo de decisiones.
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El informe provisional de la Cámara de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Benalmádena describe que esta anómala forma de actuación se llegó a convertir en norma, de forma que más de las dos terceras partes (67%) de las obligaciones reconocidas dentro del capítulo de inversiones en el ejercicio auditado fueron reparadas por la Intervención, 13.928.700 euros.
En gasto corriente, el alcalde ordenó pagar contra el criterio de la Intervención facturas que sumaban 7.920.000 euros, el 36% del total anual de ese capítulo.
Además de incumplimientos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y de la de Contratos de las Administraciones Públicas, la Cámara pone de manifiesto también en su informe deficiencias contables para ocultar un remanente de tesorería negativo de más de 23 millones de euros, y la existencia de un déficit superior a 15 millones de euros en el año auditado.
Bolín, apartado de la política desde hace 11 meses, indicó ayer que los pagos con reparos de Intervención "los hace todo el mundo y no es delito ninguno". El ex alcalde eludió hacer más comentarios sobre el informe de la Cámara de Cuentas y adujo que no lo conoce.
Para su sucesor en la alcaldía, el socialista Javier Carnero, el informe "demuestra a la perfección como ha sido la forma de gobernar de Bolín en 12 años, con un desprecio total a la legalidad, que nos deja además una herencia nefasta". El Ayuntamiento de Benalmádena no ha presentado alegaciones al fondo del contenido de informe preliminar del Tribunal de Cuentas, aunque sí a algunas cuestiones técnicas.El informe provisional de la Cámara de Cuentas sobre determinadas áreas del Ayuntamiento de Benalmádena en el ejercicio del 2005 apunta un uso abusivo de la contratación a dedo por parte del ex alcalde Enrique Bolín, incluso en aquellos casos en los que la ley obliga a abrir un procedimiento de contratación al superar la adjudicación los 12.020 euros. Incluso llegó a utilizar la vía excepcional de la contratación de emergencia, que la ley prevé para situaciones de catástrofes y grave peligro, para servicios tan ordinarios como la limpieza de edificios municipales o el mantenimiento de parques y jardines. El informe señala casos de contratación verbal expresamente prohibidos por la ley.
Según la Cámara de Cuentas, fue "práctica habitual en el ayuntamiento que los reparos sean salvados a través de decretos del alcalde-presidente". Por orden personal del ex alcalde se pagaron facturas por servicios de los que no consta contrato, obras no contempladas en los proyectos adjudicados, y servicios prestados una vez expirado el plazo por el que fue contratado, incluso más allá de la prórroga máxima que permite la ley.
Por ejemplo, la limpieza de playas fue adjudicada en julio de 2000 por concurso público a Compañía General de Servicios y Construcciones (CGS), que también tenía la contrata de recogida de residuos. Se contrató por dos años, y, pese a que la ley determina que con las prórrogas no puede exceder de cuatro años, aún en el año 2005 la empresa facturó al Ayuntamiento 308.870 euros. Algo similar ocurrió con la contrata de conservación de jardines a Cepsa, que pese a expirar en enero de 2004, facturó a lo largo de 2005 un total de 1.841.790 euros.
Uno de los casos más curiosos relatados en el informe es la emisión a lo largo del año 2005 por parte de la empresa Gil y Checa Construcciones de 27 facturas diferentes por el mismo concepto, arreglo de aceras, arquetas y solería, por un importe total de 831.710 euros. La única diferencia en las facturas es la localización de las calles donde se han ejecutado las obras. Para la Cámara de Cuentas se trata de un "fraccionamiento improcedente" para eludir la obligación de convocar un concurso para aquellos contratos que superen los 30.000 euros. La Cámara entiende que la concentración en un solo contrato hubiera favorecido los intereses de la corporación. Las 27 facturas fueron imputadas al presupuesto municipal de 2005 por decreto del alcalde. Esto mismo ocurrió con dos certificaciones de obras por 225.820 euros para el Museo Municipal, caso en el que además fue el propio alcalde quien personalmente encargó el trabajo.
También aparecen en el informe algunas anomalías en el área de personal, como la contratación por decreto del alcalde de 12 vigilantes para la playa pese a sendos informes contrarios se la secretaría municipal y del propio área de personal, ya que se atribuyen funciones a estos cuidadores que están reservadas a los funcionarios públicos. Pueden ser informadores, pero no vigilantes.
En 2005, el Ayuntamiento de Benalmádena concedió la compatibilidad con actividades privadas a 32 trabajadores, pero a 11 de ellos con informe contrario del servicio de personal.
En cuanto a las deficiencias contables, la Cámara llama la atención sobre la computación de dos operaciones de carácter urbanístico. Una de ellas es la permuta de un solar por otro de menor valor por lo que el consistorio recibió una compensación en metálico de 129.530 euros. Pero en el presupuesto se contabilizó el total de la operación, 518.120 euros, por lo que se ha incluido indebidamente el valor patrimonial de la parcela entregada que asciende a 388.590. Además, el Ayuntamiento incluyó en el presupuesto de 2005 como recaudado dos pagarés por valor de 1.814.460 euros entregados por Arenal 2000 por la venta de unos aparcamientos cuando tenían fecha de agosto de 2006, y por tanto pendiente de cobro hasta entonces.
El informe de la Cámara de Cuentas cifra la deuda del Ayuntamiento de Benalmádena a 31 de diciembre de 2005 en 74.847.990 euros. Ese ejercicio, el consistorio solicitó dos créditos por importe total de 3,3 millones de euros que tuvieron que ser expresamente autorizados por la Junta de Andalucía al superar el endeudamiento el 110% de los ingresos corrientes del municipio. También refínense ese año con el Banco de Crédito Local varios préstamos por importe total de ocho millones de euros.
La Cámara de Cuentas ya detectó irregularidades en la gestión de los ingresos por venta de suelo del Ayuntamiento de Benalmádena un año antes, en 2004. En concreto, la imposibilidad de conocer el destino de tres millones de euros, motivo por el que el Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento por responsabilidad contable.