El cementerio no es el único bien de servicio público que el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) tiene embargado por las deudas acumuladas durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL). Los juzgados tienen bloqueadas otras 300 fincas municipales – sobre todo por impagos a bancos- entre las que hay otros bienes inembargables por definición, como calles, parques o dependencias municipales. La ausencia de plan urbanístico en la ciudad, unida al descontrol de la época del GIL, ha hecho que los acreedores reclamen parcelas que no podrán poseer de forma práctica.
"El cementerio está adjudicado, pero no va a dejar de serlo porque es un bien de dominio público, inembargable e inalienable", explicó ayer el portavoz del equipo de gobierno (PP) Félix Romero. La semana pasada un juzgado forzó su adjudicación a la Liga de Fútbol Profesional como pago de una deuda de medio millón de euros contraída durante el mandato del fallecido Jesús Gil.
La parcela en la que se encuentra el camposanto, de 64.000 metros cuadrados, obtuvo en 1993 una licencia municipal para un complejo lúdico deportivo, con pistas de karts, guarderías, chiringuitos, túnel de lavado y piscina. El permiso se emitió cinco años después del primer enterramiento, en noviembre de 1989, según datos de la delegación de Urbanismo. La concesión nunca se llevó a cabo.
Por la misma vía, otros juzgados han decretado el embargo de varias calles y parques. "Se han dado situaciones muy raras en Marbella en estos años", asegura el coordinador de Hacienda Carlos Rubio. Para levantar esos embargos, el Ayuntamiento puede pleitear -alegando que son inembargables por ser de uso público- pero para recobrar la escritura del resto ha de poner dinero sobre la mesa.
La ciudad se las apaña con una deuda que gira en torno los 500 millones de euros. Aunque tienen varios frentes de deuda abiertos con la Seguridad Social o con Hacienda, ya casi han cerrado el capítulo de los bancos, a los que deben 43 millones de euros.
La primera gran operación fue la negociación de la deuda con del BBVA y el Banco Local de Crédito. La Comisión Gestora, que gobernó tras la disolución de la corporación municipal por el caso Malaya, pactó un calendario de pagos que redujo el montante de 63 millones a los 43 actuales.
Las negociaciones favorecieron el desbloqueo de algunas de las propiedades embargadas desde 1991, entre las que estaba el cementerio de San Pedro Alcántara, tres tenencias de alcaldía, tres centros de salud y numerosos centros educativos.
El año pasado saldaron las cuentas con Unicaja, que reclamaba 12 millones, y ayer la Junta de Gobierno Local aprobó un pago de 557.000 euros a Cajasur. Este último desembolso cancela la deuda de 1,1 millones que Marbella mantenía con la entidad de ahorro cordobesa.
"Esta es una legislatura sanadora", afirmaba ayer el portavoz del gobierno marbellí Félix Romero. "Hay que buscar liquidez que nos permita ir quitando todos estos embargos y en paralelo ir estudiando la viabilidad de otras reclamaciones que nos llegan", añadía. Las amenazas llegan de todos los frentes.