JUAN MÉNDEZ – Sevilla – 19/09/2008
El resultado fue un jarro de agua fría para el Ejecutivo andaluz, que había desplegado todos los instrumentos a su alcance para resolver la situación, incluida las gestiones personales de Manuel Chaves con José Luis Rodríguez Zapatero. La solución fue aplazar otros seis meses el acuerdo.
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el consejero de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, escenificaron el desencuentro con una comparecencia muy discreta y diplomática, en la que el dirigente andaluz se esforzó por justificar la falta de acuerdo. La ministra restó importancia al hecho: "Hay un compromiso absoluto del Gobierno de cumplir lo que dice el Estatuto de Andalucia, y las cantidades serán satisfechas en plazo antes de marzo de 2010". E insistió en que "a los ciudadanos lo que les tiene que preocupar es recibir esas cantidades".
Griñán recordó que había puesto como tope menor de la horquilla de negociación 1.148 millones de euros (el más alto llegaba a los 1.742) y el Gobierno sólo estuvo dispuesto a comprometer 900 millones. "No hemos podido hacerlo. El Gobierno andaluz nunca podrá aceptar algo que no esté en el límite acordado en el Parlamento andaluz", dijo.
El consejero asumió más parte de culpa: "No voy a decir que el Gobierno ha incumplido el Estatuto. Tengo tanta responsabilidad como el Gobierno por no llegar a un acuerdo".
La reunión se saldó con un documento en el que ambas administraciones se comprometen a seguir trabajando "con lealtad institucional y buena fe" para alcanzar una posición común. Asimismo, recoge: "La Administración General del Estado podrá liquidar parcialmente estas asignaciones con anterioridad al 20 de marzo de 2010, fecha en la que se deberá haber producido su liquidación definitiva".
Griñán se mostró firme respecto a la amenaza de poner en jaque el posible acuerdo sobre financiación autonómica. "Entendemos que la deuda histórica no forma parte de la financiación, pero tenemos que resolverlo en ese contexto, que coincide con el de la renovación del sistema de financiación. Ratifico todas las palabras que dije en el Parlamento andaluz". El consejero se refería al pleno celebrado la semana pasada, en el que se airearon las serias dificultades en la negociación.La desilusión de la Junta es por partida doble: el texto sobre la deuda histórica del Estatuto andaluz, con sus plazos, había sido pactado con el equipo económico de Pedro Solbes a finales de 2006; y también había cumplido con su compromiso de enviar al Ministerio de Economía hace casi un año la justificación y explicación de cómo se han efectuado los cálculos.
Fuentes de la Junta contaron que el Gobierno había ido rebajando la propuesta andaluza de 1.742 millones de euros hasta una cifra por debajo de los 900 millones. Fue en ese punto cuando la delegación andaluza, encabezada por los vicepresidentes Gaspar Zarrías y José Antonio Griñán, y la consejera de Gobernación Clara Aguilera, y otros cinco altos cargos de Economía y Hacienda, decidieron plantarse en una cantidad: "Ni un euro menos de 1.148".
Hasta ahí llegó la reunión, a la que asistió, además de la ministra Salgado, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, y otros cuatro altos cargos del ministerio de Pedro Solbes.
Precisamente a Ocaña es a quien responsabilizan los dirigentes andaluces de la falta de acuerdo. Según dijeron, cuando las partidas para vivienda y sanidad (la tercera es educación) parecían acordadas, el Ministerio de Economía pretendía rebajar la cuantía al discrepar de qué elementos fijaban el precio de una VPO, si incluían o no la repercusión del coste del suelo, o si entraban a formar parte del precio los áticos y los garajes. Algo que a los negociadores andaluces ha molestado mucho, por cuanto parecía ya consensuado el método para cuantificar las partidas para hacer frente a las circunstancias socio-económicas de Andalucía en materia de salud, educación y vivienda.
La Junta tiene ahora otros seis meses por delante, tiempo en el que parece decidida a utilizar la deuda histórica en otra discusión económica de más alto calado el sistema de financiación autonómica. Aunque en los conceptos (población y autonomía financiera) que deben dirigir el sistema la Junta apoya plenamente al Ejecutivo central, como ayer dijo Griñán, "luego hay que pasar de la gramática a la aritmética". Ésa es la baza con la que la Junta pretende negociar y apoyar o no el nuevo sistema de financiación autonómica.
La Junta hizo públicas las dificultades para que el Gobierno de Zapatero cumpliera con los plazos del Estatuto la semana pasada, cuando el consejero Griñán acudió al Parlamento a desvelar las cifras que manejaba sobre la deuda histórica. Entonces, sorprendió con un envite muy infrecuente en el Ejecutivo andaluz: si no hay deuda histórica, tampoco financiación autonómica.
Fuentes socialistas apuntaron que en el ánimo del Gobierno ha pesado mucho el agravio con otras comunidades y el reciente incumplimiento del Estatuto catalán en cuanto a financiación: "Tiene difícil explicar que sí acepta el de Andalucía".