JUANA VIÚDEZ – Málaga – 17/10/2008
Los 2.000 vecinos que hace apenas un año salieron a la calle para pedir que no hubiera demoliciones de viviendas ilegales en Marbella (Málaga) y que no se obligara a los propietarios de estas 18.000 casas a pagar por su regularización comprobaron ayer que su presión ha surtido efecto. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, del PP, anunció ayer que intentará que no se derribe ninguna vivienda, ni siquiera las más aberrantes urbanísticamente, como el complejo Banana Beach. También avanzó que ha encontrado la fórmula para trasladar a los promotores, y no a los propietarios, el pago por las tropelías urbanísticas.
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El equipo de gobierno ha incorporado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un artículo que permitirá exigir a los promotores que levantaron las viviendas ilegales que asuman las cargas urbanísticas fijadas para regularizar los inmuebles. Estas exigencias son, entre otras, la cesión de terrenos para zonas verdes o la construcción de los equipamientos de los que se vio privada la ciudad durante los 15 años del Grupo Independiente Liberal (GIL).
La regidora se mostró dispuesta a dar la batalla a la Junta de Andalucía para que las 500 viviendas que quedan fuera de ordenación -auténticos pecados mortales urbanísticos- sean finalmente legalizadas.
Entre estas promociones está la urbanización Banana Beach. Sus 238 viviendas fueron levantadas en una zona verde a pie de playa. Tienen sentencia de demolición y condena de seis meses de prisión para Julián Muñoz y seis ediles que concedieron la licencia de obra.
Otras 30 viviendas, promovidas también a pie de playa por uno de los promotores imputado en el caso Malaya, están en Río Real, y también tienen una orden de demolición que la Junta pidió que se ejecutase. El tercer residencial está en la zona del Alicate.
"Todo esto no hace sino confirmar que nuestras predicciones eran ciertas", señalaba ayer el portavoz de Ecologistas en Acción, Rafael Ávila. "Hace un año dijimos que el Ayuntamiento pretendía impulsar una amnistía general encubierta y ahora vemos que ya no se esconde nada y ya va preocupando", decía.
Durante una intervención de más de una hora, la regidora detalló los cambios que ha introducido en un documento que pretende aprobar provisionalmente la semana próxima, y que expondrá al público durante un mes.
"Será muy satisfactorio decirles a los vecinos que ya no tendrán que afrontar cargas que les supondrán pagar hasta 12.000 euros por regularizar sus viviendas", explicaba.
El nuevo PGOU dará un año a los promotores a partir de la aprobación definitiva para asumir de forma voluntaria las compensaciones. Pasado ese tiempo será el Ayuntamiento exigirá que se lleven a cabo.
La fórmula no exime totalmente a los compradores de las viviendas ilegales con respecto a las cargas urbanísticas, sino que coloca a los promotores en primer lugar a la hora de reclamar los daños que hayan podido hacer a la ciudad la construcción de estos edificios, señalaron ayer técnicos consultados.
En el artículo se señala que el promotor "no queda sustraído de las obligaciones y deberes de la legislación urbanística" en el proceso de normalización, e incide en que se maneje este criterio, "junto con la valoración de posibles actitudes negligentes, cuando no culpables, de anteriores Corporaciones", pero no dice que el propietario quede completamente eximido en caso de que el promotor desaparezca o se niegue a pagar.
La fórmula satisface los requerimientos de más de 350 comunidades de propietarios que reclamaron a través de 4.950 alegaciones. "Hemos incorporado un 70% de las demandas ciudadanas", mantuvo Muñoz.
Aún así, el Ayuntamiento se teme que tendrá que ir en más de una ocasión a los tribunales. "Estamos preparados para las reclamaciones patrimoniales, porque el PGOU no reconoce los convenios firmados con los promotores por otros gobiernos". En estos casos, el Ayuntamiento marbellí cobraba una parte del acuerdo con la promesa de incluir y aprobar el acuerdo en el futuro planeamiento.
El consistorio también recibirá las reclamaciones de los promotores a los que el propio Ayuntamiento marbellí vendió sueldo de equipamiento para construir, por lo que también habría obtenido plusvalías por esas irregularidades.
Durante la presentación la alcaldesa no ocultó que había tenido "discrepancias" con el equipo redactor, al que la Junta encargó el PGOU, a cuenta de las viviendas que están habitadas, como Banana Beach, y que quedan fuera de ordenación. "Hay que tener sensibilidad y sentido común para buscar alternativas", dijo.
El gobierno marbellí, a cargo de las competencias urbanísticas, ha mantenido varias reuniones con la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para hablar de los cambios que querían introducir en el documento. Según varias fuentes, cada uno de esos cambios se están consensuando con el gobierno andaluz, ya que será la Junta de Andalucía será quien dé el visto bueno a la aprobación definitiva. "El Ayuntamiento necesita tener aprobado el documento lo antes posible y no quiere correr el riesgo de que lo echen hacia atrás", señalan fuentes municipales. De hecho, el caso del Banana Beach es uno de los temas que se quedó sobre la mesa en las últimas reuniones.
La portavoz del PSOE, Susana Radío, aseguró ayer que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio no avala los cambios que Muñoz ha introducido en el PGOU, entre los que figura la amnistía a 200 viviendas ilegales que quedaban fuera de ordenación en el documento entregado por la Junta.
Entre esas 200 viviendas hay dos urbanizaciones no habitadas -Jardines del Príncipe y Jardines de la Costa- que el Ayuntamiento propone regularizar "con cargas importantes para los promotores".
El complejo Jardines del Príncipe, una mole de 81 apartamentos que superaba la edificabilidad permitida y que tapaba las vistas al mar a los vecinos, se quedará intacto si el promotor cede los bajos de este edificio del lujo al Consistorio. Según fuentes municipales, el Ayuntamiento quiere destinar la zona, sin cerrar ni acondicionar, a equipamiento sanitario. La promoción Jardines de la Costa -61 viviendas en suelo de espacios libres- tendría que comprar una zona aledaña y cederla al Ayuntamiento como zona verde.
La alcaldesa reclamó una lectura "en positivo" del documento, no sólo por la seguridad jurídica que acarreará. Destacó que los cambios aumentan el ratio de zonas libres de 27 metros cuadrados por habitante a 27,77 y que se contempla la construcción en los próximos 8 años de 27.085 viviendas nuevas, de las que 9.836 (36%) serán de protección oficial.
El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, calificaba de "actuación inteligente de cara a la crisis" los cambios propuestos por la alcaldesa. "Marbella va a salir adelante y van a dejar de hacernos esa propaganda tan negativa en los medios de comunicación ingleses", decía. Arranz creyó positivo "quitarle leña al fuego" y dar seguridad jurídica a los compradores de buena fé. Hace un año acusaba a los redactores de no conocer la realidad marbellí y pedía más consenso
