Las casas situadas en primera línea de playa en El Palo, Pedregalejo y La Araña consiguieron ayer un punto a favor de su legalización, aunque no se concretó cuándo podrán los vecinos hacerse con las escrituras de sus viviendas. Tras la reunión celebrada la semana pasada en El Palo en la que, como adelantó este periódico (SUR 12/11/2009), el subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, anunció que se iniciarían los trámites para conseguir un cambio en el deslinde de la zona marítimo-terrestre, la Administración central, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía mantuvieron ayer una reunión con los vecinos en la que se acordó que Costas rectificará los informes emitidos hasta la fecha para que las casas puedan mantenerse en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la calificación de suelo urbano.
«El informe que Costas hizo en su momento no es definitivo. Es cierto que en él se propone que las casas queden fuera de ordenación, pero por parte de Costas se va a retirar esta terminología. La preocupación del alcalde y los vecinos sobre estas cuestiones ha desaparecido», declaró López Luna al término del encuentro.
No obstante, a renglón seguido, reconoció que esto es sólo una medida «parcial». «Los vecinos quieren la legalización y obtener sus escrituras», dijo. Para ello, volvió a insistir en que iniciará los trámites para conseguir «si es que procede legalmente», la regularización de las casas con el cambio del deslinde, que desde los años sesenta discurre por la avenida de Salvador Allende, dejando a las viviendas en dominio público.
«Es un proceso largo, lleva mucho años, y nadie puede exigirnos que termine pronto, porque es complejo», añadió el subdelegado, que no supo dar plazos para que pueda culminarse el nuevo deslinde. Además, una vez cambiado, los suelos en que se levantan las casas quedan inicialmente en manos del Estado, por lo que los vecinos tendrán que abonar sus parcelas al Gobierno central para tener escritura.
Con todo, López Luna aseguró que, mientras se logra la legalización, los habitantes de esa franja del litoral «pueden estar tranquilos» porque no hay intención alguna del Gobierno de tocar las casas. «Pueden estar viviendo en ellas el tiempo que haga falta mientras no se consiga legalizarlas, no tienen nada que temer, pero tienen que ser conscientes de que será un proceso largo, difícil y complejo para el que deberán tener paciencia», recalcó el subdelegado, quien comentó que, según su experiencia, «es algo largo, pero no imposible».
Reuniones periódicas
Por su parte, el alcalde argumentó que el hecho de que en el PGOU puedan mantenerse las viviendas como suelo urbano es un elemento «tranquilizador que también puede servir para avanzar en el cambio del deslinde para que los vecinos puedan tener sus escrituras». De la Torre indicó que en la reunión se apuntó la posibilidad de mantener reuniones cada tres o cuatro meses para ver cómo va el proceso de legalización de las casas. «Tiene su complejidad pero tiene solución, porque la diferencia de hoy con el año 1969, cuando se hizo el deslinde en El Palo, es que hoy existen unas defensas y unos espigones que permiten tener las casas defendidas. Y, si no fuera suficiente, pues que se hagan más defensas. Soluciones técnicas hay si existe el deseo de resolverlo para que las casas sigan en pie», aclaró.
También estuvo presente en la reunión la delegada provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, quien informó de que la Junta no va a oponerse a que las casas se contemplen como suelo urbano consolidado en el PGOU siempre que el informe de la Demarcación de Costas vaya en ese sentido. «No vamos a tener inconveniente para que se puedan regularizar estas viviendas», dijo.
Esperanzados pero cautelosos salieron de la cita los vecinos. Adolfo García, de la asociación de Pedregalejo, valoró como muy positivo el acuerdo de las tres administraciones pero recordó que la legalización de las casas es algo que está pendiente desde que, en el año 1977, se plantearon los proyectos de ampliación de la playa. Además, precisó que queda por resolver el asunto de la concesión de licencias de obras, ya que todas necesitarían un informe de Costas.
Por su parte, Manuel Benavides, de la asociación paleña El Rebalaje, mostró su confianza en que «estas ganas no se pierdan y sigan en este camino. Nos hace falta esa complicidad política».
Fuente: Diario Sur