La progresiva externalización y privatización de los servicios municipales es uno de los ejes de acción del gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga que afecta a áreas tan sensibles como el cuidado de la población desasistida o la atención a la infancia. Clece, empresa filial del grupo ACS, propiedad del actual presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, será la encargada de aplicar en la capital malagueña la Ley de Dependencia, haciéndose cargo por 13 millones de euros de la asistencia a personas con problemas de movilidad o falta de autonomía personal. Por otra parte, según ha comprobado EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, las condiciones impuestas por el Consistorio malagueño para construir y gestionar guarderías municipales cierran las puertas a cooperativas, organizaciones no gubernamentales y pequeñas empresas familiares. Sólo los grandes grupos son capaces de cumplir los requisitos.
EL nombre de la empresa multiservicios del grupo ACS, dirigido por Florentino Pérez, saltó a la prensa malagueña en forma de escándalo. ‘Caso Clece’ fue el nombre con el que el periódico La Opinión de Málaga bautizó en 2004 el episodio de nepotismo y enchufismo por el que un grupo de policías locales y bomberos, adscritos en su mayoría a un sindicato corporativo, utilizaron a Clece para colocar a familiares en el Centro de Emergencias. El Ayuntamiento de Málaga se vio obligado a rescindir el contrato a Clece y convocar un nuevo concurso de adjudicación.
EL Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga que dirige Mariví Romero (PP) cuenta con una empresa municipal, Más Cerca, centrada en la prestación de ayudas a personas dependientes. Sin embargo, este verano el Consistorio ha adjudicado un contrato de 13 millones de euros para el cuidado de un grupo de 1.800 personas acogidas a los cuidados previstos en la Ley de Dependencia a la empresa filial del presidente del Real Madrid.
CLECE es una empresa de gran tamaño que gestiona cientos de escuelas, diversos hospitales y se encarga, entre otras cosas, de la limpieza y el mantenimiento de numerosas instituciones. Su lista de clientes es interminable. Ya en 2004 su facturación superaba los 500 millones de euros. Pero al mismo tiempo es una empresa salpicada de constantes conflictos laborales y acusaciones de explotación, sueldos miserables y alto grado de precarización.
LA privatización de la aplicación de la Ley de Dependencia y su adjudicación a Clece ya se ha puesto en marcha en otras capitales andaluzas gobernadas por el PP, caso de Granada, donde ya se han producido quejas de los usuarios tras encontrarse con auxiliares sin la formación adecuada y por los frecuentes cambios de personal. Por otra parte, el BOE del pasado 7 de octubre da fe de otra adjudicación a Clece por parte del Ayuntamiento de Málaga, esta vez por 274.000 euros, por “el servicio de atención social y dinamización comunitaria dentro de la iniciativa Urban ‘Carreterías y Arrabales’ para la zona ‘Pepri’ del casco histórico”.
TANTO el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Pedro Moreno Brenes, como la concejala del PSOE Lola Fernández, han expresado su disconformidad con una medida que no hace sino destinar a una gran empresa las tareas que ya realiza la empresa municipal Más Cerca, la cual tiene más de un centenar de empleados.
SIN embargo, la externalización y privatización de servicios es una patente de actuación del equipo de gobierno de Málaga. Una muestra más es el plan de guarderías, uno de los más sonoros fracasos de la gestión de Francisco de la Torre. Con dos guarderías construidas con fondos del Gobierno y de la Junta de Andalucía que están vacías
desde hace meses (una en el PTA y otra en el polígono Guadalhorce), el Área de Bienestar Social ha sacado a concurso por segunda vez -la primera quedó desierta- la gestión de estos dos centros y la construcción y gestión de otros dos más. Y lo ha hecho en dos lotes. En el primero se engloba la gestión del centro levantado en el PTA y la construcción y gestión de un segundo centro en la calle Los Negros. En el segundo lote se incluye la construcción y gestión de una guardería en Palma Palmilla y la ampliación de 82 a 122 plazas del centro educativo infantil ya construido en el polígono Guadalhorce. Unas condiciones que impiden a organizaciones no gubernamentales, pero también a cooperativas y pequeñas y medianas empresas, acceder a estos concursos por falta de capacidad, como reconoce a esta revista la portavoz de la Liga Educativa en Málaga, Albertina González. Así, todo apunta a que será un grupo empresarial el que se haga con los contratos finalmente.
PARA la concejala del PSOE Lola Fernández, el problema estriba en entender la guardería como si fuera un negocio lucrativo más y no un servicio al ciudadano, de apoyo a padres y madres trabajadores, que además constituye por sí mismo una fuente de empleo. Para Moreno Brenes, la estrategia se engloba dentro del “progresivo desmantelamiento de los servicios operativos del Ayuntamiento de Málaga y de la fobia del PP hacia todo lo que sea público”.
Fuente: El Observador.