Tendría que haber sido el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2006 o de 2007, pero finalmente será el plan de 2011. Málaga ya tiene nuevo PGOU aunque, eso sí, tras más de seis años de trámites y enfrentamientos entre el Ayuntamiento y el Gobierno andaluz a cuenta del contenido del documento que planifica la ciudad de las próximas dos décadas. El plan llega cargado de suelos para nuevas viviendas -73.618 de las que un 30% (22.184) serán de protección oficial- justo en un momento en el que la actividad inmobiliaria es casi inexistente a consecuencia de la crisis. Con todo, los responsables políticos, tanto del ámbito local como del regional, no dudaron ayer en felicitarse.
«Es un día importante para Málaga, ya que se crea un nuevo escenario que aporta seguridad jurídica para traer inversiones a la ciudad y generar empleo. No es el plan que nosotros habríamos querido, pero es el mejor posible», declaró el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz.
Optimismo
Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz, María Gámez, dijo que se trata de «uno de los momentos más relevantes de la historia de la ciudad». «Sirve para abrir nuevas páginas de optimismo en estos tiempos tan duros», añadió Gámez, quien reconoció que la tramitación del plan ha sido «penosa» debido a que el Ayuntamiento no se ha ajustado a la legalidad urbanística trazada por el plan metropolitano de la Junta «hasta el último momento». No obstante, la delegada también entonó el «mea culpa» por el retraso de algunos informes de la Administración regional que han tardado en llegar, al igual que otros dependientes del Gobierno central.
El PGOU fue aprobado por mayoría -solo el sindicato CC.OO. votó en contra- en la reunión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) celebrada en la mañana de ayer en Sevilla, a la que asistieron María Gámez, Manuel Díaz, y el delegado provincial de Obras Públicas, Enrique Benítez.
Pese al visto bueno general, el pronunciamiento de la Cotua plantea un solo aspecto a denegar del PGOU. Se trata de la clasificación del suelo sobre el que se asientan las viviendas situadas en primera línea de playa en la zona de El Palo, Pedregalejo y La Araña. El informe de la Dirección General de Urbanismo de la Junta rechaza que estos terrenos se dibujen como «suelo urbano» porque esta condición es incompatible con su inclusión en una zona que todavía es de dominio público marítimo-terrestre, ya que el Gobierno central aún no ha iniciado el expediente de cambio del deslinde que permitirá regularizar definitivamente la situación de las casas.
Esta anulación, que obliga al Consistorio a dejar las viviendas en suelo no urbanizable, cogió por sorpresa a los responsables municipales. El alcalde, Francisco de la Torre, mostró esa impresión. ««Nosotros hemos encontrado solución de suelo urbano en espacio público, pero, lógicamente, con una vocación de ser legalizado», declaró. Desde Urbanismo apuntaron que los informes de Costas no se oponían a que las casas quedaran dibujadas en suelo urbano, si bien apuntaban que esa clasificación es competencia de la Consejería de Obras Públicas.
Los responsables de ésta aseguraron que de este modo se cumple la legalidad, y recalcaron que en modo alguno ello implica la desaparición de las viviendas. Este pronunciamiento contrasta con el acuerdo alcanzado el 19 de noviembre del año pasado en una reunión entre el Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento en virtud del cual las casas podían quedar plasmadas sobre suelo urbano en el nuevo PGOU.
fuente: Diario Sur.
