Vladimir Beniachvili abandonó meses atrás su residencia en Málaga para retirarse a Moscú. Desde allí, el otrora promotor del centro hispano ruso en Pinares de San Antón sigue las pocas novedades que se producen en torno al desafío que él mismo protagonizó durante unos 12 años al iniciar y ampliar sin fin una construcción sin los necesarios permisos municipales y, en parte, sobre suelo no urbanizable. La pugna de este empresario, que fuera socio del equipo de gobierno del PP en su deseo por impulsar un complejo deportivo y cultural en esta zona de la urbe, le ha llevado a ver cómo la Gerencia de Urbanismo tiene embargada de forma preventiva la finca sobre la que edificó de forma irregular.
Así lo confirmó a este periódico el abogado de Beniachvili, Fernando Taboada, quien justificó la acción municipal en la acumulación de 17 multas impuestas por el Ayuntamiento ante la negativa del empresario a paralizar las obras y a demoler de forma voluntaria lo levantado al margen de la normativa urbanística. El letrado explicó que estos expedientes están recurridos, con lo que el embargo no será efectivo hasta que se conozcan las resoluciones.
La suma total de las sanciones alcanza los 770.000 euros, cifra a la que habrá que añadir el coste del derribo efectuado de oficio por el Consistorio el 14 de diciembre de 2010, tasado en unos 300.000 euros, y la factura del proyecto de reposición paisajística de la zona, aún pendiente de impulso por parte de Urbanismo.
Al respecto, desde el Consistorio informaron ayer de que hasta el momento se han realizado distintos estudios del terreno, como el levantamiento topográfico del estado actual tras los trabajos de demolición, así como el estudio geotécnico, y se ha elaborado el proyecto de restauración de la ladera. Además, se han establecido dos fases para la recuperación ambiental de la parcela: la primera, de consolidación del terreno; la segunda, de restauración con la realización de replantado de las especies autóctonas que en su día fueron sustituidas por las construcciones ilegales. Respecto a la primera etapa, indicaron que se está tramitando la contratación de la misma para su ejecución inminente.
Según los datos manejados por la Gerencia de Urbanismo, desde que en 1998 la Policía Local detectase las primeras anomalías en esta parcela de Pinares de San Antón, el Consistorio remitió numerosas órdenes de paralización de los trabajos y de reposición de la situación a la normalidad, a lo que se negó de forma reiterada. Al punto, de que el servicio de Inspección impuso ocho multas coercitivas por no demoler, valoradas cada una en 78.973 euros; seis por no restituir los terrenos a su estado original, por 6.600 euros cada una; una multa por incumplir la orden de suspensión, por 6.600 euros, y otra por movimientos de tierras sobre suelo no urbanizable sin licencia, por 90.000 euros.
