El Gobierno ha anunciado este viernes que finalmente no pagará a los pensionistas por la desviación de la inflación. Según ha justificado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el deterioro de la situación económica les ha llevado a renunciar a la única de las promesas que el presidente, Mariano Rajoy, había mantenido tras romper su programa electoral con la subida del IVA, el copago sanitario, el abaratamiento del despido y la rebaja del paro. "Es una de las decisiones más difíciles y dolorosa que hemos tomado", ha asegurado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras semanas en las que el Ejecutivo ha evitado responder de forma concreta y clara a la pregunta de si iban a actualizar las pensiones.
Con vistas a 2013, el Ejecutivo ha aprobado una subida de las pensiones en un 1%, el mismo aumento que se adoptó para 2012, tal y como ya estaba previsto en los Presupuestos. Para aquellas prestaciones que no superen los 1.000 euros, que suponen el 70% del total o 6,6 millones de pensiones, el alza será del 2%. La medida supondrá un coste de 1.513 millones de euros durante el próximo año.
La inflación cerró noviembre en el 2,9%, según el dato adelantado que ha publicado esta mañana el INE. El aumento real de los precios ha superado, por tanto, al avance del 1% que registraron en enero las pensiones, con lo que el Gobierno estaba obligado a compensar a los perceptores por esta desviación de 1,9 puntos porcentuales, según estipula la ley. Pero al final no será así. La presión de Bruselas, que mantiene a España bajo una estrecha vigilancia, y la necesidad de reducir el déficit han podido más que la promesa electoral. "No teníamos otra opción para cumplir con los objetivos de déficit", ha argumentado Bánez, que ha insistido en que la consolidación fiscal es imprescindible para volver a crecer y crear empleo.
Haber optado por corregir la desviación que ha sufrido los precios con respecto al aumento de las pensiones hubiera costado al Estado más de 2.000 millones este año. Además, consolidar luego este incremento en 2013 hubiera aumentado los gastos en otros 2.000 millones, dinero al que habría que sumar los 1.513 millones que cuesta el alza de entre el 1% y el 2% aprobada en Consejo de Ministros. Este esfuerzo, sin embargo, era incompatible con el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal comprometidos con Europa, sobre todo por lo que respecta al presente ejercicio. "Este es el año más duro y, por eso, se suspende la actualización", ha añadido la ministra.
La decisión de no actualizar las pagas se traduce en que los pensionistas, que ya sufrieron la congelación de las prestaciones en 2011 con el anterior Gobierno, perderán poder adquisitivo. Desde enero, esta pérdida se traduce en un descenso de 15,8 euros al mes para una pensión media, que a cierre de noviembre era de 834,99 euros.
Junto a estas decisiones, el Gobierno también ha anunciado este viernes que ha aprobado una modificación de la ley para disponer de otros 4.500 millones del fondo de reserva, la conocida como hucha de las pensiones, para poder abonar la paga extra de navidad. Con ello, el Ejecutivo echa mano de este instrumento de emergencia por segunda vez en un mismo año para afrontar el agujero en las arcas de la Seguridad Social que ha motivado la caída de las afiliaciones. En julio autorizó el uso de 3.063 millones de la hucha