Actualmente, centenares de familias de escasos recursos de La Palmilla y EMASA, la empresa municipal de aguas, están en pleno litigio debido a deudas y a cortes en el suministro. Según informa la Oficina de Derechos Sociales de ‘Er Banco Güeno’ a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, ya hay una campaña de recogida de firmas para rechazar el pago de la factura de EMASA de marzo-abril.
LA Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento (AEOPAS) promueve la Iniciativa Ciudadana Europea que busca “reclamar el carácter público” de la gestión del agua y considerarla “un servicio” y “un derecho humano” que no puede ser negado “por cuestiones económicas”. Ante estos términos, la concejala de IU, Ana García Sempere, planteó una moción en el último pleno municipal para que el Ayuntamiento se adhiriese a esta iniciativa. Así, el consistorio se posicionaría en contra de la privatización del agua y garantizaría el acceso de hasta 20 litros de agua por persona y día a familias necesitadas. Se trata de la cantidad de agua que las Naciones Unidas fija como gratuita para aquellos sin suficientes recursos.
IU planteó en su moción, además, estudiar una fórmula para que las familias con escasos ingresos se acogiesen a un sistema que les eximiera en la práctica del pago, pues la cuantía de las tarifas puede calcularse en función de la capacidad económica de cada uno. Además, la concejala recordó la oposición de su formación a la modificación de la naturaleza jurídica del coste de agua de EMASA (de ser tasa pública ahora es un precio privado, lo que supondrá un aumento de las tarifas). Esta nueva fórmula ahora permite subcontrataciones, externalizaciones del servicio y además cobrarlo por encima del coste real.
LUIS Babiano, gerente de AEOPAS, también intervino en el pleno junto a la concejala García Sempere. Tras conocer la decisión del consistorio no pudo ocultar su sorpresa. “Lo más curioso es que el PP ni siquiera se mostró en contra. Simplemente, que se lo tenían que pensar. Resulta asombroso plantear siquiera que hay que pensar un derecho humano que ya ha aceptado la ONU y que el Parlamento andaluz aprobó con el apoyo de todos los signos políticos”. Sin embargo, Babiano, decepcionado, alberga la esperanza de que el PP malagueño se retracte.
JUNTO al Parlamento andaluz, ciudades como Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Viena, París o, en España, Logroño, ya han reconocido el agua como servicio público y derecho humano, lo que ya hizo la ONU en 2010