. La oposición y colectivos de afectados pusieron sobre la mesa las subidas que el IBI y el callejero están suponiendo para muchas familias y empresarios y obligaron al equipo de gobierno a prometer negociaciones para «revisar» lo que esté fuera de lugar.
Respecto al IBI, el alcalde admitió que la subida afectará a un 60% de las viviendas, muchas con una subida media de un 2,6%, pero otras con incrementos «significativos», según admitió, que pueden superar el 20%. Por contra, en torno a un 30% de esas viviendas verán rebajado su IBI. Todo es consecuencia de la revisión catastral y a que su aplicación «no es simétrica» y afecta de manera distinta en función de qué zona y del valor de los inmuebles. Por ello, una moción del PSOE pedía una revisión de los valores de los inmuebles de la ciudad, de modo que «se solucione de forma definitiva el incremento desproporcionado que está teniendo el recibo del IBI».
El PP se negó y su concejala de Economía, María del Mar Martín, defendió la «moderada política fiscal» llevada a cabo por el Ayuntamiento con bonificaciones, ayudas y bajadas del tipo impositivo para «rebajar los efectos de este impuesto».
A ello respondió la portavoz socialista, María Gámez, acusando al Partido Popular de no querer la revisión catastral «porque no quieren dejar de recaudar, porque necesitan seguir obteniendo fondos».
Más realista y elocuente fue la discusión en torno al callejero fiscal con dos propietarios de restaurantes, los representantes de kiosqueros y de los comerciantes de la calle Plutarco y un presidente vecinal, que tomaron la palabra para rechazar las «subidas abusivas y desproporcionadas que se están produciendo y reclamar al equipo de gobierno que «modifique o elimine un callejero que nos asfixia». Ellos intervenían al hilo de la propuesta del PSOE, defendida también por IU, de que se suspenda la aplicación del callejero fiscal y se vaya a su revisión.
Las palabras de los propietarios de los restaurantes El Pescador y El Tintero, de la playa El Chanquete; del presidente de la federación de vecinos Cívilis, Antonio Fuentes; de la vicepresidenta de la asociación de kiosqueros Teresa Moreno o de Paula Fernández en nombre de los comerciantes de la calle Plutarco fueron lo suficientemente elocuentes e hicieron casi innecesarias las palabras siguiente de los concejales.
Fueron esas intervenciones, señalando en todos los casos «las subidas insoportables» por la ocupación del suelo con sillas y mesas, las que obligaron a la concejala de Economía, María del Mar Martín, a asegurar que el Ayuntamiento ha creado una mesa técnica para «estudiar el impacto de la entrada en vigor del callejero en determinados puntos de la ciudad» y a «revisar o modificar» lo que sea necesario. La edil anunció que ya se han iniciado reuniones con los hosteleros y ahora se hará también con los kiosqueros y con otros colectivos que puedan verse afectados de manera negativa por la aplicación del callejero fiscal. Pese a ello, la moción de los socialistas se rechazó.