Ese copago, fijado en un 10 por ciento del total, supone que los enfermos deberán abonar hasta 4,2 euros por envase. Como la mayoría de esos fármacos son caros, el dinero que tendrán que poner los usuarios de su bolsillo, en muchos casos, será inasumible, tal como denunciaron ayer colectivos que defienden los intereses de los usuarios. El copago no se aplicará a las personas que estén ingresadas en los hospitales
La medida en la provincia de Málaga afecta a unas 15.000 ciudadanos que sufren cáncer, esclerosis múltiple, artritis, hepatitis C, tienen el virus del sida (VIH), están aquejados por dolencias crónicas de riñón o han recibido un trasplante, entre otras patologías.
Fuentes sanitarias consultadas por este periódico pusieron como ejemplo que uno de los nuevos tratamientos que se aplican en los hospitales contra la hepatitis C tiene un coste semanal de 874 euros, por lo que si se le impone al paciente un copago del 10 por ciento deberá abonar 90 euros semanales. En el caso de un tratamiento estándar contra la hepatitis C, su precio anual es de 7.000 euros, de los que 700 euros tendrían que sufragarlos el enfermo.
El copago de los medicamentos que se dan de forma ambulatoria en los centros hospitalarios se aplicará a partir del 1 de octubre. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) rechaza tajantemente la medida por considerar que se trata de «una nueva barrera que dificulta o impide el acceso a medicamentos necesarios a los sectores de la población con menos ingresos», lo que generará el «aumento de la morbilidad y de la mortalidad» en los grupos con bajos ingresos y problemas graves de salud.
Tarjeta sanitaria única
Por otro lado, el Gobierno aprobó ayer, a través de Real Decreto en Consejo de Ministros, la implantación de una tarjeta sanitaria individual única con una serie de datos básicos y un código de identificación personal que permitirá que sea interoperable en todas las comunidades autónomas. Las actuales tarjetas de las comunidades se sustituirán con motivo de su renovación por cualquier causa. Este proceso estará finalizado antes de cinco años en todo el territorio nacional