En un decreto fechado el pasado 11 de marzo, la sección primera de la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, acuerda admitir a trámite el recurso de la familia Sánchez Guitard, presentado el 20 de enero. En el decreto, firmado por la secretaria judicial, admite como válido el escrito y requiere al Ministerio de Medio Ambiente para que le remita el expediente administrativo que contenga el procedimiento de rescate de Astilleros Nereo en un plazo de 20 días y les emplaza para que se personen como demandados.
El inicio del procedimiento de rescate de Astilleros Nereo se activó el pasado 3 de octubre mediante una orden ministerial para recuperar una concesión que data de julio de 1963. El argumento para proceder al rescate es el de liberar el espacio al estar proyectada la construcción de un nuevo tramo de paseo marítimo según el plan especial que se acordó con el Ayuntamiento de Málaga en 2010.
La plataforma ciudadana para la protección de los Astilleros Nereo presentó ante el Ministerio de Medio Ambiente un recurso de revisión contra la orden que dictaba el procedimiento de inicio del rescate. El Ministerio de Medio Ambiente no entró el fondo del asunto y rechazó el recurso por extemporáneo alegando que se había presentado fuera de plazo.
Sin embargo, ese mismo recurso, adaptado a la vía judicial, pero con los mismos argumentos de defensa es el que ahora ha admitido a trámite la Audiencia Nacional.
8.500 euros por más de 30 años de actividad. La concesión de Astilleros Nereo data de julio de 1963, hace más de cuarenta años, aunque los Sánchez-Guitard la tienen desde julio de 1970. En condiciones normales debería caducar en 2018. Ocupa una parcela de 1.175 metros cuadrados en el dominio público marítimo-terrestre dedicada a la carpintería de ribera con la construcción de embarcaciones tradicionales, pero también de reconstrucciones históricas como una barca fenicia o el bergantín con el que Bernardo de Gálvez navegó por aguas americanas.
El expediente de rescate contempla una compensación económica de apenas 8.500 euros para el concesionario