Así, la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta en Málaga da 15 días a los empresarios, liderados por los exediles del PP Damián Caneda y José Luis Ramos, para que presenten las alegaciones y aporten la documentación que consideren oportuna, somete la extinción anticipada de la concesión al Consejo de Estado y señala que, una vez transcurrido el plazo de dos semanas para alegar y con los informes preceptivos, la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental resolverá el asunto.
Fuentes consultadas por La Opinión de Málaga explicaron que, lo normal, es que luego la Demarcación de Costas, es decir, el Gobierno, saque a concurso de nuevo la explotación del balneario. Eso sí, el trámite es tan tortuoso como la compleja partida de ajedrez que juegan todas las administraciones con competencias en la zona: el plazo para notificar la resolución del procedimiento por el que se declara la extinción será de hasta 18 meses, con lo que la decisión podría llegar a finales de 2016, apenas un año largo antes de que expire el actual periodo de explotación de la concesión, 2018.
La Junta ha alegado para tomar esta decisión un extremo que ya se conocía: Cuando Caneda, Ramos y sus socios compraron las acciones del Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen en septiembre de 2014 a los entonces concesionarios, las empresas Vera y Acha, no comunicaron formal y previamente la operación societaria a la Administración autonómica y, por tanto, la transmisión no fue válida. Ésa es la espita que abre el gas de la extinción de la concesión.
Proceso inválido
Luego, la Demarcación de Costas instó a la Junta a pronunciarse sobre si ese defecto era subsanable, pero ésta tachó de inválida la transmisión, tras lo que los concesionarios recurrieron. Luego, el Ejecutivo andaluz ratificó su decisión y, tras ella, ha decidido retirar la concesión a Caneda y los suyos, quienes ya avisaron a mediados de mayo pasado de que iban a llevar a la justicia «el atropello de la Junta».
Así, anunciaron que iban a mantener abierto el balneario, y, por tanto, seguirán ofreciendo el servicio hostelero, teatro y música. Además, ahora en este singular espacio se realizan numerosas actividades gastronómicas y culturales. «Iremos a la vía Contencioso-Administrativa para que un juez decida con independencia frente a este atropello», declaró Caneda en mayo.
La batalla en los tribunales, por tanto, será larga y paralizará varios años más el debate social y ciudadano sobre el uso de un lugar que ha echado raíces en el corazón de los malagueños, aunque antes la Junta deberá culminar el expediente de retirada de la concesión
Las claves
- La Junta tiene 18 meses para acabar de retirar la concesión
La Junta ha resuelto iniciar un expediente para retirar la concesión de los Baños del Carmen a los actuales gestores del balneario, unos empresarios encabezados por los exediles del PP José Luis Ramos y Damián Caneda. Ahora, tienen 15 días para presentar alegaciones y documentación, y en 18 meses –plazo máximo–, la administración autonómica deberá decidir de qué forma culmina el expediente. Luego, casi con seguridad y siempre que se quite la concesión a estos empresarios, se abrirá un largo y tortuoso escenario judicial que impedirá durante años concluir el debate sobre el uso futuro. - El Gobierno andaluz invalidó la transmisión de acciones
La Junta ha decidido iniciar el expediente de retirada de la concesión precisamente porque la transmisión de acciones entre los antiguos concesionarios, Acha y Vera, y los actuales, con el exteniente de alcalde Damián Caneda a la cabeza, se hizo en septiembre de 2014 sin ser comunicada previamente a la Delegación de Medio Ambiente, un defecto no subsanable