Empezaron poniendo un par de mesas junto al puesto de los espetos, pero aprovechando el limbo legal en el que las administraciones tienen el uso privativo de la arena, y sobre todo el escaso control por parte de las mismas, la excepción acabó convirtiéndose en regla; y las dos mesas, en toda una terraza con sombrillas y, en algunos casos, incluso moqueta para darle un toque de distinción en medio de las barcas de los pescadores y escalerillas para que el cliente no tuviera que dar el salto. Así ha sido durante años en Pedregalejo y, sobre todo, El Palo. Hasta ahora, porque desde hace dos semanas, la instalación de terrazas ilegales en la playa sí que se está persiguiendo por parte del Ayuntamiento. No ha sido de oficio, sino a raíz de varias quejas de vecinos y otros empresarios, pero la cuestión es que la Policía Local sí que está actuando ahora contra estos negocios.
De momento, la campaña de inspección se ha saldado con una decena de establecimientos denunciados, aunque al tratarse de una ocupación del dominio público marítimo-terrestre se le está dando traslado en todos los casos a la Demarcación de Costas para que abra el pertinente expediente sancionador o se lo derive a la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias sobre la gestión de los títulos de ocupación y uso de la playa mediante autorizaciones y concesiones, previa petición municipal. ç
¿Cuándo le corresponde intervenir a Costas y cuándo a la Junta? Si el propietario del restaurante ya tiene permiso para ocupar parte de la arena para los espetos se entiende que la instalación de mesas y sillas es un incumplimiento de una autorización ya concedida, por lo que el expediente debe tramitarlo la administración autonómica. Si, por el contrario, la infracción no está asociada a ninguna autorización, la sanción la impone el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Unas multas que, en principio, están fijadas en 20 euros diarios por metro cuadrado ocupado ilegalmente, aunque en caso de reincidencia puede llegar a los 120 euros por metro cuadrado.
«Vino la policía un domingo al mediodía y nos pidieron que desmanteláramos la terraza, aunque al menos no tuvimos que levantar a los clientes a los que ya estábamos atendiendo», comenta uno de los empresarios denunciados en la playa del Chanquete, que afirma haber tomado nota. «Ya no las vuelvo a poner», asegura. Peor se lo tomaron en otro negocio de la zona, donde también prefieren guardar el anonimato. «No nos dejan trabajar. El problema es que no nos quieren dar los permisos y así no hay forma de sacar el negocio adelante y tener a gente trabajando», critica.
Sin impuestos, más baratos
Resignación para unos y satisfacción para otros empresarios que llevan tiempo denunciando esta «competencia desleal». «Si yo tengo que pagar un dineral por poner las mesas y los toldos en mi terraza y otros ponen hasta 30 y 40 mesas directamente en la arena sin pagar un euro el agravio es evidente, tanto por lo que se ahorran como porque eso les permite tirar los precios», expone un hostelero de El Palo. En la misma línea se pronuncia el dueño de otro negocio, quien propone que se controle de forma intensiva esta práctica o que se ponga un precio por el metro cuadrado y se autorice dar el salto a la arena como ocurre con los chiringuitos de otros puntos de la ciudad.
En este sentido, la asociación Málaga Hostelería propone el establecimiento de un marco legal que permita ocupar la arena «porque sería uno de los elementos diferenciadores de Pedregalejo y El Palo». Eso sí, mientras tanto, exigen que se haga cumplir la ley a rajatabla. «Hay un descontento generalizado en la zona por esa competencia desleal que e genera porque mientras unos hacen las cosas bien otros se arriesgan a sabiendas de que están cometiendo una infracción, ya que si no hay una inspección permanente les puede compensar ponerlas y exponerse a ser multados alguna vez de forma puntual», afirma el portavoz de este colectivo, José Simón.
Desde el Ayuntamiento derivan el conflicto a las administraciones recordando que, aunque el plan de playas lo elabora el gobierno local, para su aplicación debe autorizarlo previamente la Junta. En cualquier caso, la concejala de Playas, Teresa Porras, apunta que para dar ese paso habría que abrir un debate entre ciudadanos y empresarios para garantizar que hubiera espacio para todos. Aun así, reconoce que es difícil.