La organización Facua-Consumidores en acción anunció este jueves la interposición de una demanda contra Endesa Distribución por "la aplicación ilegal de tarifas en el alquiler de los nuevos contadores de la luz". "Actualmente se aplican dos tarifas: una para aquellos contadores integrados en el sistema de telegestión y otra para el resto de contadores analógicos", explicó a infoLibre el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. El sector eléctrico cobra a los usuarios por el alquiler de estos nuevos contadores inteligentes una cuota mensual de 0,98 céntimos –0,81+IVA–, un 50% más elevada que la establecida para los contadores analógicos, situada en 0,65 céntimos mensuales –0,54 céntimos+IVA–.
El problema, sin embargo, radica en que las eléctricas, cuando sustituyen los antiguos medidores por los digitales –el calendario del Gobierno establece que debe ser sustituido todo el parque de contadores antes de 2018–, empiezan a integrar en la factura de la luz la nueva tarifa a pesar de que "la mayoría de los nuevos equipos de medida" no tienen todavía "habilitada la telegestión" –señal de wifi a través de la cual los aparatos envían el nivel de consumo a las eléctricas–, denuncia Facua en el comunicado. Según la organización, la cuantía "no alcanza los 4 euros por cada año": "El fraude supone 33 céntimos mensuales por cliente, pero dado el volumen de afectados representa decenas de millones de euros cada año", señala el texto.
A través del modelo de demanda elaborado por la organización, y que está disponible en la página web de Facua, los ciudadanos que observen estos desajustes en su factura de la luz podrán interponer una demanda contra la compañía eléctrica de la que son clientes. "Que cada persona analice lo que paga y si aprecia que le están cobrando lo que no deberían que vaya a los tribunales con el formulario cumplimentado y una copia de su factura de la luz para poder interponer la demanda", explicó Sánchez a este diario.
"La irresponsabilidad de las administraciones obliga a judicializar una vez más un fraude masivo contra los consumidores", critica Facua, que recuerda en el comunicado que el procedimiento judicial es gratuito y "no requiere de abogado ni de procurador". Además, denuncia que "millones de familias" están pagando "una tarifa indebida" por contadores que no permiten a los consumidores funcionalidades como "la discriminación horaria, la lectura remota y la disponibilidad de información referente a su consumo", algo propio de los medidores con sistema de telegestión.
Cláusula abusiva y discriminación
La organización de consumidores considera que estos hechos rompen el principio de no discriminación establecido en el artículo 44.i de la Ley del sector eléctrico, que recoge que los usuarios tienen derecho a "ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios".
Además, Facua hace alusión en su demanda al artículo 87.5 de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, que considera abusivo cualquier convenio "que prevea el cobro por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos".
Competencia avisó reiteradamente a Industria
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha avisado en dos ocasiones al Ministerio de Industria de estas irregularidades en el cobro de las tarifas. Así, en noviembre de 2014, el organismo, en un informe solicitado por la Secretaría de Estado de Energía, señaló que se estaba aplicando una tarifa "indebida" a usuarios que "no se están beneficiando de las funcionalidades de los nuevos equipos de medida".
"Para aquellos consumidores que dispongan de contadores con capacidad de telegestión para los que la empresa distribuidora no ponda a disposición de las comercializadoras información horaria real de los consumos de energía eléctrica, debería cobrárseles el precio alquiler del equipo de medida correspondiente a los antiguos contadores monofásicos (0,54 euros al mes –a los que hay que añadir el IVA, dejando la cifra en 0,65 euros–, de acuerdo a lo establecido)", reza el texto.
El pasado mes de mayo, la CNMC insistió de nuevo al ministerio encabezado por José Manuel Soria en el Informe sobre el cumplimiento del primer hito del plan de sustitución de contadores. En esta ocasión, el organismo público fue algo más explícito: "Para aquellos consumidores que dispongan de contadores monofásicos con capacidad de telemedida y telegestión que no se encuentren efectivamente integrados en los correspondientes sistemas de telegestión, se considera que debería cobrárseles el precio del alquiler del equipo de medida correspondiente a los antiguos contadores monofásicos (0,54 euros al mes)", apuntó Competencia.
Además, Facua ya presentó en 2014 una batería de denuncias antes las administraciones competentes contra las cinco principales distribuidoras eléctricas que operan en España (Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, Hidrocantábrico distribución y E.On.). La organización reclamaba que se obligase a las compañías a devolver las cantidades cobradas de más a sus usuarios