Cualquiera puede observar que en los últimos dos años el precio de la energía utilizada para producir electricidad ha bajado, pero el recibo de la luz ha subido. Un elixir mágico, llamado regulación a la carta (de las compañías eléctricas, por supuesto), ha conseguido que el consumidor que menos energía eléctrica gasta sea el que pague más en términos relativos; y viceversa. Una política racional de precios procuraría que pagasen más (en términos relativos) los que más gastan, porque eso es lo que dicen los manuales de economía y porque de esa manera podría buscarse una disuasión del consumo. Pero en España sucede al revés. ¿Por qué?
Pues porque el regulador —el Gobierno— decidió en 2013 que era necesario, mejor dicho, imperativo, aumentar lo que paga el cliente en concepto de potencia contratada, que es la parte fija del recibo, para garantizar (parece la única explicación económica) los ingresos de las eléctricas. El balance desde agosto de 2013 es arrasador: para el consumidor doméstico ha supuesto una subida del 92% de la parte fija del recibo (término de potencia contratada) y del 145% para el consumidor industrial. La decisión ataca directamente los bolsillos de los clientes con menos capacidad económica y liquida cualquier política de ahorro; se haga lo que se haga con el consumo en los hogares, el peso principal del recibo sigue siendo inmune a la austeridad.
Cuando se calcula el ingreso que se garantizan las eléctricas por esa política tarifaria (penosa para el consumidor), aparecen nuevas distorsiones graves. Resulta que el sistema eléctrico factura a los clientes el equivalente a 175 gigavatios (Gw) de potencia contratada; pero, como es sabido, el sistema tiene una potencia instalada de 108 Gw; y la punta máxima que utilizan los clientes es de 39 Gw. Una sencilla cuenta demostraría, para pasmo de economistas y teóricos de los mercados, que pagamos a las eléctricas 136 Gw que no utilizamos, simplemente porque los tenemos contratados. Esos 136 Gw regalados con el consentimiento del regulador equivalen a 10.000 millones anuales. ¿No sería más lógico sustituir el sistema de tarificación contratada por uno de tarificación por potencia demandada? Pues sí; pero se acabaría la sobrefacturación de 10.000 millones consentida a las eléctricas.
No obstante, descártese provisionalmente la tesis del semifraude (tipo CTC) y acéptese la de incompetencia regulatoria. Las eléctricas recuperan manu militari a través del término de potencia los costes de inversión en generación que no pueden recuperar por el precio de mercado de la electricidad (la parte variable del recibo). ¿Que este esquema perjudica a los clientes más débiles, aumenta la desigualdad y penaliza el ahorro? Pues Industria no lo ha visto o le parece un daño irrelevante. Pero resulta que la generación eléctrica está liberalizada por ley y, por lo tanto, las empresas toman las decisiones de inversión a su propio riesgo. Es decir, esta estructura de recibo de la luz vulneraría la legislación vigente. Salvo mejor opinión del regulador, rebosante de abogados del Estado, claro.
