Las dudas y el escepticismo, en algunos casos rayano a la crítica, fueron ayer las reacciones más repetidas en la Costa del Sol. Además, hubo eco del rechazo sin matices de los colectivos ecologistas y del PSOE e IU, que consideran que el proyecto se desliza peligrosamente hacia los errores del pasado. Especialmente, por la reducción, en algunos supuestos, de la línea de protección más inmediata a la ribera del mar, que pasará de 100 a 20 metros.
En las casas de Pedregalejo, El Palo y La Araña, cuyos propietarios llevan décadas peleando contra la indeterminación jurídica introducida por la ley de 1988, que dejó a la barriada casi al completo dentro de la zona de protección, surgen dudas en cuanto a la fórmula y los usos posteriores de la propiedad. «Las casas teóricamente pasan a Patrimonio del Estado. ¿Y luego qué? ¿Se van a poder vender? Lo último que queremos es que se transfieran a terceros y salte la especulación», razona Adolfo García, de la asociación de vecinos de Pedregalejo.
Los vecinos se mantienen expectantes a los desarrollos de la ley y el papel que confiera en la práctica a cada una de las administraciones. El consejero de Medio Ambiente, Luis Planas, que califica la ley de «profundamente regresiva», ya advirtió ayer de que su redacción da lugar a nuevas ambigüedades y laberintos legales. En este sentido, recordó que la reducción de la servidumbre hace que el terreno anteriormente protegido pase a considerarse urbano y por lo tanto de competencia local y autonómica. Una duda que también preocupa a Adolfo García, que reprocha al Gobierno la falta de información suministrada a los vecinos e implicados.
En los chiringuitos, la palabra, en cambio, es cautela. Norberto del Castillo, presidente de la Federación de Empresarios de Playa de Andalucía, se mantiene a la espera de la aprobación del reglamento, aunque celebra la inclusión de dos de las demandas del colectivo: la diferenciación en términos legales de las playas no urbanas y urbanas –estas últimas con posibilidad de usos lúdicos– y la supresión, todavía en estudio, del canon por la instalación de aseos. «Era absurdo considerar una playa virgen con otra a la que acude gente y necesita unos servicios que son los que prestamos», resalta. En cuanto a las concesiones, rebaja el triunfalismo del Gobierno: «Veremos cómo se aplica y cuál es la coordinación con el resto de administraciones. Confiemos en que se superen las lagunas; queremos que den unos máximos y unos mínimos definitivos», sostiene.
Donde no encuentra acomodo la propuesta del Gobierno, que deberá ser refrendada en las próximas semanas por el Congreso, es entre los grupos ecologistas. A las críticas del pasado miércoles se unió ayer la de Juan de Dios Fernández, responsable en Andalucía de Greenpeace, que ligó el espíritu de la nueva norma con la defensa de intereses particulares. «Es un texto que traerá todavía más inseguridad jurídica que el anterior y que abre la puerta a la edificación en zonas despejadas que son el futuro del turismo», señala. El activista, en declaraciones a este periódico, criticó además que en la reducción del área de servidumbre no se haya tenido en cuenta la variable del cambio climático. «Es irresponsable. Luego habrá que gastarse millones en solucionar los problemas que se generen por la subida del nivel del mar», declara.
Pilar Serrano, senadora socialista por Málaga, también se muestra preocupada por las consecuencias urbanísticas de la ley, que, a su juicio, «perjudican a toda la costa y dan luz verde a un nuevo boom urbanístico». El Gobierno, sin embargo, es contundente: la reforma, señala, se basa en un régimen «más exigente, incluso y garantiza que no se produzcan nuevas edificaciones».
