Las acciones de Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen, la sociedad concesionaria de este enclave emblemático de la capital, están a la venta. Justo un mes y medio después de que un grupo de cuatro socios se hiciera con ellas, tras adquirirlas a los anteriores propietarios (las constructoras Vera y Acha), los nuevos titulares han acordado ofrecer públicamente la compañía al mejor postor. A partir del lunes, en horario de oficina y por periodo de una semana, cualquier particular o empresa que esté interesado en comprar la concesión puede hacer su oferta depositando un sobre en la notaría de Federico Pérez-Padilla y Javier Misas Barba, en la calle Martínez, 11, tercera planta.
El precio mínimo de la subasta es de 1,1 millones de euros, que es el coste que tuvo la operación suscrita el pasado 30 de septiembre (un millón de euros) más las inversiones que los actuales titulares han hecho para acondicionar el antiguo restaurante. Así lo anunció ayer a SUR el presidente de la sociedad, Damián Caneda, quien aseguró que los cuatro socios se comprometen a vender la totalidad de las acciones al mejor postor. Además, recalcó que la oferta es por el precio de coste: «Si alguien da más de 1,1 millones, nos comprometemos a donar la diferencia a Cáritas. No queremos beneficios».
Desbloquear el proyecto
Detrás de este giro sorprendente de los acontecimientos está, según el empresario y exconcejal, una apuesta para que la rehabilitación del antiguo balneario sea una realidad lo antes posible: «Nosotros no vamos a ser un problema para la solución de los Baños del Carmen. Si el escollo para que se firme un convenio de colaboración es que hay otros interesados, ponemos a la venta la concesión mediante una puja libre ante notario».
De esta forma, pretende dar respuesta a la petición del alcalde, Francisco de la Torre, quien ha reclamado en reiteradas ocasiones un concurso público previo al rescate, con un pliego de condiciones según el cual el ganador se comprometía -precisamente- a abonar a los actuales dueños lo que pagaron por hacerse con su control. En cuanto al contenido del proyecto, la posible explotación comercial se limita al restaurante y el alcance de las actuaciones está condicionado por el Plan Especial de 2010. Sobre el plazo, de sólo siete días, lo justificó así: «Doy por hecho que los posibles interesados están siguiendo el tema, que tiene una repercusión mediática exagerada».
Damián Caneda puso el acento en que el objetivo compartido de los accionistas es despejar cuanto antes el futuro, así como disipar cualquier duda de que «no quieren firmar con nosotros, por ser nosotros», dijo, en referencia a su pasado, y el de José Luis Ramos, como concejales del equipo de gobierno. «Lo hacemos con el ánimo de que el que venga pueda firmar el convenio que públicamente se había ofrecido y que se arregle ya para la ciudad. Vamos a demostrar que todos queremos lo mismo, administraciones y privados».
Respetar lo pactado
Asimismo, descartó ir a la vía judicial contra la Administración, porque ello supondría que el proyecto volvería a estar bloqueado durante años: «Creemos que la mejor solución es un convenio, como se planteó en un principio, y no un juicio interminable». A cambio, el actual presidente de la concesionaria también lanzó una petición: «Si no hay otra oferta, que cumplan con nosotros lo que habían dicho públicamente hasta ahora; si finalmente no se presenta nadie, que no se pongan más trabas». De esta forma, reclamó que el Ayuntamiento de Málaga y la Demarcación de Costas permitan negociar con los actuales titulares un prórroga del periodo de explotación durante 30 años, tal y como se hizo con los anteriores durante casi un año y medio. El nuevo grupo ya ha aceptado en reiteradas ocasiones el canon que solicita el organismo estatal.
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En este punto, aclaró que la inversión, de 2,4 millones de euros por adelantado, se hará conforme establece la Ley de Costas y el criterio de la Dirección General, que es pagarlo directamente mediante la inversión en obras públicas: «Consideran que es mejor porque si las contratamos nosotros será mucho más rápido, porque no tienen que salir a concurso, y podemos avanzar el doble con el mismo dinero». De esta forma, se harían ya el espigón de defensa del restaurante y el paseo marítimo hasta donde alcancen los fondos, «con las obras supervisadas por el Ayuntamiento y por Costas». Al tiempo, afirmó que su idea está en consonancia con las propuestas de los vecinos:«Pretendemos hacer justo lo que querían ellos, que es dejarlo sin más construcciones, todo el espacio público y abierto a los ciudadanos».
Los concesionarios han recogido el testigo y han movido ficha. Ahora, le toca jugar al alcalde -autor de la propuesta de un concurso público sin la necesidad de ir al rescate- quien tendrá que manifestar si respalda o no esta iniciativa y si acatará su resultado, sea cual sea