05/11/08. Sociedad. El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Málaga ha subido en solitario la tasa del agua y ha disparado el precio del billete de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Su responsable de Economía, Carolina España, exige más dinero al Estado porque “son los intereses de los ciudadanos los que están en juego” y “ponen en peligro las políticas sociales y los servicios básicos ofrecidos por las entidades locales, así como las inversiones y las políticas de mantenimiento". Pero el Consistorio malagueño tiene una nómina de más de 90 cargos de confianza. Pagar los sueldos de estos trabajadores nombrados a dedo costará este año 6,3 millones de euros. En contraste, el gasto anual de la empresa municipal ‘Más Cerca’, encargada de los Servicios Sociales y de la atención a la población más necesitada, fue de 4,6 millones de euros en 2007, según datos municipales consultados por EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.
“CRISIS” es la palabra más repetida estos últimos meses en los que el Ayuntamiento de Málaga ha agudizado la estrategia de confrontación con el resto de administraciones. Al Gobierno le exige más dinero, a la Junta le amenaza con un juicio si no le deja construir donde quiere y a la Diputación le prohíbe que alquile algunas de sus oficinas del edificio de Plaza de la Marina, en la misma situación que el edificio anexo de la entidad bancaria Unicaja, ésta última sin problemas burocráticos.
EL pasado jueves en el pleno mensual, el grupo municipal del PP aprobó en solitario la subida más grande del precio del billete de la EMT, que supera el euro después de aumentar un 10%, y también aumentó la tasa del agua en un 4,6%. La responsable de Economía Carolina España ha advertido que serán los ciudadanos de Málaga los que paguen los 23 millones de euros menos que va a dejar de ingresar del Gobierno central que “ponen en peligro las políticas sociales y los servicios básicos ofrecidos por las entidades locales, así como las inversiones y las políticas de mantenimiento".
EN el Ayuntamiento de Málaga, Francisco de la Torre tiene una nómina de más de 90 cargos de confianza, estando entre los que más cobran el coordinador general del Ayuntamiento, Javier Ferrer, con más de 100.000 euros anuales. En total, este año se habrá gastado 6,3 millones de euros en nóminas de altos cargos del Ayuntamiento y de los organismos autónomos. Entre los asesores más destacados, Francisco Ruiz, director técnico para la Gestión y Coordinación de Infraestructuras Básicas de la Ciudad, cobra 82.000 euros; José Gordo, director de Tráfico y ex diputado provincial, gana 51.778 euros anuales. Francisco Oblaré, ahora parlamentario pero antes director de distrito de Ciudad Jardín, cobró más de 40.000 euros anuales, mientras que el ex concejal José Antonio Serrano Milanés, contratado como director de distrito de Churriana, y la ex concejala Mercedes González Merlo, del distrito Puerto de la Torre, cobran 51.778,16 euros. Mario Cortés, ex presidente de Nuevas Generaciones, es director ahora del Área de Juventud, donde cobra 51.778,16 euros. Por su parte, el ex contratado en la Subdelegación de Gobierno con el PP, Juan Francisco Sánchez, está ahora de director técnico de gestión en los distritos, con un sueldo anual de más de 40.000 euros, según informó recientemente el PSOE.
EL gasto anual de la empresa municipal ‘Más Cerca’, encargada del “fomento de la igualdad, las tareas de prevención con los jóvenes, la atención de sus mayores y a la promoción e integración de sus ciudadanos más necesitados” fue de 4,6 millones de euros en 2007, según estos datos del Consejo de Intervención municipal.
LOS sueldos de los altos cargos de confianza que el Partido Popular ha ido colocando en puestos de dirección del Ayuntamiento de Málaga no se detallan en los presupuestos generales del Ayuntamiento. De hecho, excepto algunos casos concretos que la oposición ha podido descubrir no se conocen las remuneraciones exactas de gerentes de instituciones como Gestrisam, Smassa, Palacio de Ferias, Promálaga o similares y el Consistorio reserva esta información lejos de los ciudadanos.
LA Ley del Suelo aprobada el año pasado, más conocida como ley Anticorrupción, obliga a que concejales y altos cargos municipales elegidos a dedo hagan públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio y participación en toda clase de sociedades