La propuesta de deslinde para las viviendas situadas en primera línea de playa en El Palo, que el Ayuntamiento de Málaga aprobó en el Pleno de la semana pasada, no ha sentado nada bien a la Subdelegación del Gobierno, que ha visto en esta iniciativa una «intromisión» en las funciones de la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. El subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, no escondió ayer su malestar y durante una comparecencia en la sede de esta institución afirmó que el alcalde, Francisco de la Torre, había invadido competencias que no le corresponden y le acusó de confundir a los vecinos afectados.
El representante del Ejecutivo explicó que el Consistorio había trazado un supuesto deslinde de las viviendas de la zona Este que se encuentran en dominio marítimo-terrestre, cuando esta tarea le corresponde a la Demarcación de Costas. «El Ayuntamiento, no sé cómo, ya ha dicho que el deslinde pasa por tal línea, por lo que invade competencias y da lugar a confusión entre los propietarios porque es adelantar acontecimientos», reiteró, al tiempo que recordó que este tipo de acciones conllevan un proceso técnico y jurídico «complejo y prolijo» para el que la Administración tiene hasta dos años según la Ley. López Luna llegó a calificar la iniciativa municipal como una «manipulación política y partidista».
Por esta razón, el Subdelegado envió la pasada semana una carta al alcalde apelando «a la lealtad institucional de la que tanto aboga el alcalde» para que no llevara esta moción al Pleno municipal. Finalmente, el equipo de gobierno del PP la aprobó el pasado jueves, con la abstención de PSOE e IU.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz, y la delegada municipal del distrito Este, Teresa López, salieron ayer al paso de estas declaraciones y aseguraron que la propuesta de deslinde presentada por el Ayuntamiento a los vecinos es fruto de los acuerdos adoptados en las reuniones mantenidas con los afectados y el resto de las administraciones; de la colaboración institucional y del compromiso municipal de dar una solución rápida e inmediata a un problema que arrastra décadas de retraso. «En las reuniones todas las administraciones implicadas han expresado su interés por alcanzar cuanto antes una solución definitiva a la situación de inseguridad que viven. Con esta propuesta estamos cumpliendo lo que todos nos comprometimos a hacer».
A su juicio, la intención del equipo de gobierno ha quedado reflejada en el texto de la moción, en el que se indica que una vez aprobada la propuesta se llevará a cabo un proceso de exposición pública entre los vecinos, y a continuación será remitido el documento completo al Ministerio de Medio Ambiente con la solicitud de incoación de oficio del procedimiento de deslinde para que las barriadas queden fuera del dominio público marítimo-terrestre, «de forma que se les pueda ofrecer a sus residentes una solución, quedando legalizadas tanto las viviendas como los establecimientos de la zona mediante el pertinente documento público».
Fuente: Diario Sur.
