En el documento, de tres folios, Medio Ambiente destroza la actual Ley de Costas, vigente desde 1988, y su aplicación. Señala que los deslindes —el trámite que separa la línea pública y privada— han seguido un “trazado aparentemente arbitrario” sin que el propio ministerio conozca “los criterios técnicos por los que esa línea no traza una línea recta sino que hace zig-zag”. Después de casi 25 años de ley, el Gobierno tiene deslindado el 96% del litoral y ha ganado en los tribunales más del 90% de los casos. Ahora, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete asume las tesis de muchos de los dueños de terreno en la costa declarado público y considera que no está bien hecho.
El ministerio señala que hay unas 32.000 ocupaciones sobre el dominio público marítimo-terrestre y de las cuales 24.000 aún no han recibido la concesión. Los propietarios consideran que al no recibir la concesión ganan tiempo y, además, las demarcaciones de Costas se han visto incapaces de tramitarlas.
Medio Ambiente dedica un amplio apartado a señalar los problemas de la ley para justificar su reforma. Así, señala que la norma ha generado “inseguridad jurídica”, “conflictividad social” y “cierta sensación de agravio entre no pocos ciudadanos”. También cita el Informe Auken, que el Parlamento Europeo aprobó en 2009 y que pedía un cambio en la ley. Ese informe cargaba principalmente contra el urbanismo en la Comunidad Valenciana promovido por el Gobierno del PP y los populares criticaron el texto. Ahora, el Gobierno lo retoma.
La conclusión del Gobierno es que hace falta una reforma legal “que concilie la necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en el dominio público, que no restrinja, además, la actividad económica y, por tanto, la generación de empleo”.
Las concesiones podrían llegar a 2063
El ministerio señala entre las “posibles reformas” de la ley un cambio en el “régimen de compensaciones por la pérdida de propiedades”. Quienes tenían una casa construida legalmente en la playa antes de 1988 no fueron expropiados sino que recibieron una concesión durante 30 años (ampliable a 60) sin pagar canon. Así, podían seguir usando la casa durante ese tiempo, pero sin venderla. El Gobierno apunta que permitirá venderlas —algo que ya intentó el ministerio con Elena Espinosa—. En el Congreso, Arias Cañete señaló que las concesiones se aproximarían a las de la “Ley de Aguas y la de Patrimonio de las Administraciones Públicas”, que son de 75 años. De ser así, las concesiones que comienzan a caducar en 2018 (a los 30 años de la ley) podrían seguir sobre la arena hasta 2063, si se toma como punto de partida 1988.
Otro de los puntos que Arias Cañete planea reformar es la desafectación, el trámite para que el dominio público pase a manos privadas. Según el informe de Medio Ambiente, el proceso debería ser “más ágil y rápido para aquellos bienes que han perdido sus características naturales de dominio público”. Y cita que la desafectación podría aplicarse a “bienes degradados incluidos en antiguos deslindes”, como “El Palo y Pedregalejo en Málaga, Chilches, en Castellón, cornisa de Cantabria…)”. En los casos de Málaga son antiguos barrios de pescadores construidos sobre la playa y que ya están integrados en el casco urbano.
El documento da más claves de la reforma, como la de autorizar nuevos usos en la “servidumbre de protección” siempre que, según Medio Ambiente, “resulten compatibles con la protección ambiental del dominio público marítimo terrestre y su utilización pública
Fuente: Diario El País
