Desde que estuve en mayo en el campo de concentración nazi de Mauthausen-Gusen, hoy conservado como lugar de memoria europea, las imágenes tétricas de la extensa y amplia avenida central del primero y la configuración siniestra del segundo, vienen a mi memoria como un escenario de tortura y muerte inapelable. Son imágenes que jamás deberían borrarse de nuestras mentes para tener muy presente lo que ocurrió, que nunca debe repetirse.
Hoy es uno de esos días en los que un diario oficial hace algo grande que quedará para la historia como día de reparación simbólica. El BOE publica los nombres de 4.427 españoles asesinados en ese campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Algo tan aséptico y frío como un edicto del Registro Civil Central, que incluye el listado provisional de los nombres, su procedencia geográfica, sus fechas de nacimiento y también de fallecimiento en este complejo diseñado para el exterminio por el régimen nazi, puede convertirse en bálsamo para las víctimas y para la conciencia colectiva de un pueblo que, con demasiada frecuencia, olvida a sus héroes.
Como ministra de Justicia es un honor impulsar esta iniciativa que constituye un paso más para cumplir uno de los objetivos del Gobierno, la devolución de su ciudadanía a nuestros compatriotas víctimas del nazismo, y en este procedimiento en concreto, la inscripción de su defunción en el Registro Civil. Se abre un proceso público de alegaciones que tiene como finalidad permitir a familiares e investigadores hacer constar posibles errores. En este proceso de identificación que ahora ve la luz, debo agradecer la colaboración que el Gobierno francés hizo en los años cincuenta, remitiendo los nombres a las autoridades franquistas de la época, que hicieron caso omiso, y el minucioso trabajo de cotejo realizado por un equipo de la Complutense de Madrid, encabezado por el profesor Gutmaro Gómez Bravo, con la asistencia de la Amical de Mauthausen y otros campos y de las víctimas del nazismo en España