La sexta familia no tiene derecho a esta prestación por residir allí desde 2000 cuando la expropiación es del año 97, pero el área de Bienestar Social se compromete a solucionar su situación.
Este, no obstante, es un realojo temporal, ya que el definitivo corresponde a la Delegación de Vivienda, según se recoge en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Junta el 6 de junio de 1995, según indica el Ayuntamiento en un comunicado.
Respecto al conflicto, la Junta aseguró ayer que el realojo temporal corresponde al Ayuntamiento y que cuando el Consistorio finalizó las expropiaciones de la zona, debió haber adoptado medidas para cumplir lo estipulado, así como buscar soluciones para los ocupantes. Asimismo, desde Vivienda se desmintió también que técnicos del IMV se hubieran reunido con responsables de EPSA para estudiar la situación de las personas desalojadas. Fuente de Diario Sur