La urbanización, abastecida por una entidad urbanística de conservación de carácter privado desde 1987, amenazó hoy con cortar el agua a menos que el Ayuntamiento se hiciese cargo de este servicio; lo que perjudicaría a unas 400 familias residentes en el complejo y otros 400 inmuebles colindantes entre los que se encuentran varias guarderías y un instituto.
Sin embargo, según explicó el gerente de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), José Luis Rodríguez, finalmente ambas partes han llegado a un acuerdo, por intermediación de la asociación de vecinos de El Palo y diversas organizaciones de consumidores -FACUA, UCE y Asociación Al-Andalus- por el que se comprometen a reunirse la próxima semana para negociar una solución.
Rodríguez aseguró que el mantenimiento de todos los servicios públicos de Miraflores del Palo -viales, alumbrado, redes de abastecimiento- han sido hasta ahora gestionados por esta entidad privada y añadió que Emasa no se ha hecho cargo del suministro de agua "porque la red no se adecuaba a la normativa vigente".
En este sentido, afirmó que el Consistorio estará dispuesto a recepcionar este servicio siempre que la urbanización sufrague económicamente las reformas necesarias en la red. Por otro lado, el gerente destacó que los vecinos de la urbanización tienen una deuda con la empresa municipal desde hace cinco años por valor de 800.000 euros, asunto que en estos momentos se trata en los tribunales.
Según Rodríguez, la entidad urbanística se abastecía de pozos "pero a causa de la sequía y el aumento del consumo los recursos fueron insuficientes por lo que Emasa se ofreció a suministrarles agua de las redes municipales". Sin embargo, estas facturas no fueron pagadas, razón que llevó a la sociedad municipal a interponer una demanda por impago contra la urbanización.
No obstante, la Asociación de Vecinos de El Palo defiende que este conflicto judicial no debería afectar a los vecinos y solicita al consistorio que asuma el suministro del agua y "resuelva los posibles problemas colaterales por otros cauces". Según su presidente, Santiago González, "el Ayuntamiento debe asumir la responsabilidad de este servicio, ya que de no hacerlo incurriría en una irresponsabilidad". González confía en que la reunión entre todas las partes implicadas permita "llegar a una solución razonable y legal" y advirtió que, si la administración local sigue sin asumir el servicio a consecuencia de la deuda, su colectivo se posicionará contra él.
"Estamos dispuestos a negociar todo lo que sea necesario salvo nuestro deseo de que la responsabilidad del abastecimiento de agua deje de estar en manos privadas, porque la Ley se debe cumplir para todo el mundo", manifestó. Tanto Emasa como el colectivo de vecinos aseguraron, no obstante, que en caso de que no haya acuerdo y la urbanización proceda finalmente al corte de suministro, la empresa municipal se hará cargo del servicio "en apenas unas horas".