En política existe una máxima por la cuál la mejor manera de dejarlo todo como está es crear una comisión… O encargar un informe.
Tras el sobresalto general que supuso el pasado viernes la propuesta del alcalde, Francisco de la Torre, para hacer un concurso público y elegir por esta vía a la empresa que se haría cargo del recinto, las aguas bajaban ayer más calmadas.
Después del largo fin de semana, la posición oficial del Ayuntamiento es que se ha abierto un periodo de reflexión, en el que el equipo de gobierno se da un plazo para analizar la cuestión planteada por el regidor. Al tiempo, ya se han dirigido a la Demarcación de Costas para solicitarle un informe jurídico sobre las opciones, que este organismo tiene previsto elevar en los próximos días a la Dirección General.
No quiere decir esto que se descarte la idea de que el futuro negocio en este enclave emblemático se elija por libre concurrencia competitiva y, de hecho, De la Torre lo sigue defendiendo. Pero también se reconoce que puede no resultar factible (por diversas causas), y se vea que la mejor opción sigue siendo, como se planteó hace un año y medio, la de culminar la negociación con los privados.
En la Casona hay quien aboga por rebajar la tensión, a riesgo de que se valore el enroque como un «enfrentamiento personal» con los exconcejales Damián Caneda (su hijo forma parte de la sociedad) y José Luis Ramos.
Las fuentes consultadas calificaron la idea del alcalde como «una propuesta que merece la pena explorar», para que el proceso logre la mayor transparencia posible; se evite cualquier sospecha de favorecer a personas próximas al PP y, en la medida de lo posible, se intente abrir el espacio a la participación.
Costas considera legítimas todas las opciones, pero pide que la opción que se elija sea firme y definitiva, para no perder más tiempo. De manera que la decisión final vendrá de la mano de un informe detallado de los pros y contras de cada una de las vías, pues todas ellas son legales, aunque algunas son más factibles que otras. La acción más novedosa fue la expuesta por el regidor, quien abogó por un concurso previo al rescate, de manera que el encargado de explotar el restaurante le tendría que comprar la concesión a los actuales titulares, si fueran distintos de éstos.
En cambio, la condición sine qua non es que los inversores que compraron la sociedad hace dos semanas acepten estas condiciones, lo que no parece fácil. El segundo camino es seguir con el rescate de la concesión, que Costas acaba de reactivar. Es totalmente legal y barato (la compensación se estima en unos 20.000 euros) aunque también tiene inconvenientes: además del tiempo –en el mejor de los casos se resolverá el próximo verano, a lo que se une el posible recurso contencioso-administrativo– se produce una contradicción: ¿por qué a Vera y Acha se les dio la opción de negociar la ampliación del plazo y a lo nuevos no se les permite? Máxime cuando éstos han manifestado por activa y por pasiva que están dispuestos a asumir las condiciones que se acordaron con los anteriores.
La tercera vía es la de culminar el plan de colaboración público-privada con los actuales concesionarios, en el que, además del pago del canon que estipule Costas, el Ayuntamiento puede introducir mejoras en lo que se refiere a la recuperación del bosquete de eucaliptos como parque público; y su mantenimiento durante el periodo de explotación del balneario.
