Otras tres personas han muerto en Cataluña por falta de atención médica, denuncian sus familiares. Los jueces dirán si su muerte está directamente relacionada con los brutales recortes del sistema sanitario. Este largo puente, los hospitales catalanes han reducido su actividad al mínimo.
Al tiempo, los castellano-manchegos despiertan de la resaca electoral con un listado de rebajas en los servicios públicos: los funcionarios cobrarán menos y trabajarán más; se privatizan hospitales; se elimina la gratuidad de los libros de texto; se potencia la escuela concertada; se quitan las subvenciones al transporte escolar; se rebajan 53 millones a la universidad pública… Conclusión: unos 15.000 trabajadores públicos irán a la calle. Esta es la segunda parte de un plan que comenzó con 1.000 profesores despedidos, con la eliminación de una paga a 32.000 viudas, con el impago a dependientes y a residencias de mayores…
La presidenta de esa comunidad, María Dolores de Cospedal, pedía un "esfuerzo colectivo", inundado de "sudor y lágrimas", para salir de la crisis. Pero ella seguía cobrando dos generosos sueldos: el de su partido (153.271 euros brutos), y el de presidenta de su Comunidad (unos 87.000 euros). ¿Puede haber mayor desfachatez?
Ante este nuevo hachazo de Cospedal, Javier Arenas, quien, por cierto, también cobra dos sustanciosos sueldos (por encima de los 160.000 euros en total) ha declarado con la pomposidad de siempre que "los derechos fundamentales en sanidad y educación están preservados" en Andalucía si gobierna. ¿Se ha leído el texto o habla de oídas? Porque Cospedal ha recortado 834 millones en sanidad y 460 en educación.
Lo que está sucediendo donde gobierna el PP es un anticipo de lo que se avecina si Arenas, al cuarto intento, gana la presidencia de la Junta. Aunque insiste en que mantendrá intactos sanidad y educación, los ejemplos de sus colegas en sentido contrario son aplastantes. De Madrid a Valencia, de Galicia a Castilla-La Mancha. Cospedal "es la hoja de ruta para todos, incluida Andalucía", resumía hace un par de meses la portavoz de Arenas, Rosario Soto.
Hoja de ruta, ejemplo a seguir. Por todos. Se verá en pocos días, en cuanto Rajoy se desemperece, salga de su despacho y se traslade a La Moncloa. Por cierto: en su primera aparición en público, 13 días después de ganar las elecciones, lo único que dijo es: "Las cosas están muy complicadas; va a haber que gobernar, tomar decisiones". ¡Uf! Soraya Sáenz de Santamaría, su brazo derecho, tampoco aclaró mucho las intenciones del futuro Gobierno. Horas antes, había dicho: "Haremos lo que tengamos que hacer".
Pues eso: aquí, se hará lo que se tiene que hacer. Reducir el déficit, o sea, repartir hachazos, aunque sea poniendo en peligro la salud de los ciudadanos, o provocando un estallido social. La pólvora está esparcida: acabamos de saber que la brecha entre ricos y pobres se agranda en España y que dos de cada tres familias tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Esta política de ajustes brutales podría ser entendida por la ciudadanía si se le explicara de manera conveniente. Lejos de eso, se la engaña en vísperas electorales.
Es lo que han hecho el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la citada Cospedal. El catalán detalló su listado de recortes 24 horas después de ganar las elecciones. Cospedal tardó algo más, 12 días. Rajoy aún no ha dicho nada. Una estafa política.
Nos aguarda un duro invierno. Y ya vemos el frío mortal que hace fuera del Estado del bienestar