El Defensor estudia además plantear una reclamación patrimonial por los daños causados a las 21 personas y un recurso de nulidad contra el expediente de expropiación.
El Ayuntamiento ordenó el desahucio y derribo del edificio al informar los técnicos municipales que se encontraba en estado de ruina inminente tras la caída de parte de un muro medianero el pasado 17 de noviembre. El Ayuntamiento ofreció ayudas a los afectados, pero les negó el derecho al realojo. El mismo día del desahucio, el PP votó en el pleno municipal en contra de una propuesta del PSOE para el realojo inmediato de los vecinos. El alcalde, Francisco de la Torre, admitió el pasado sábado que los vecinos pueden tener derecho al realojo, que competería a la Junta, propietaria del inmueble desde 2006 hasta hace un mes.
La mayoría de los vecinos alegan que vivían en el edificio desde hace más de 30 años, pero los herederos de la propietaria, con quienes firmaron los contratos de alquiler, se desentendieron del inmueble, que fue expropiado en 2006. Fuente: Diario El Pais