El patrimonio subacuático que pueda haber en la Costa del Sol después de miles de años de historia es prácticamente desconocido. Javier Noriega, uno de los socios de la empresa arqueológica malagueña Nerea, afirma que “en Málaga hay ahora localizados 11 yacimientos por todo el litoral en los que sabemos que hay restos arqueológicos y en los que pensamos que puede haber de 45 a 60 pecios de distintas épocas, aunque todavía no se ha excavado ninguno”. “La verdad es que el 95 por ciento del patrimonio que pudiera haber está aún por descubrir”, prosigue Noriega. Este experto señala que “el mar ha estado siempre sin investigar” y cree que es fundamental tener más medios materiales y humanos para poder acercarse, aunque sea mínimamente, a la realidad que hay escondida a cientos de metros de profundidad.
De la misma opinión es Carmen García, coordinadora del Centro Andaluz de Arqueología Subacuática (CAS) ubicado en Cádiz. García afirma que, por ahora, tienen documentada la existencia de más de 900 naufragios en aguas andaluzas por guerras, tormentas u otros avatares entre el siglo XV y el XX de los cuales la mayoría se produjeron en el Golfo de Cádiz y en Málaga. Esta experta explica que hay 81 yacimientos arqueológicos constatados en superficie aunque tampoco se han excavado. “Es materialmente imposible con nuestros medios”, reconoce. El CAS, creado hace apenas diez años, está trabajando en el desarrollo de una Carta Arqueológica de Andalucía para proteger los yacimientos que está a la espera de ser aprobada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y está investigando dos barcos franceses –el Boacenture y el Fogueux– hundidos en la batalla de Trafalgar en 1805.
La mayoría de los ciudadanos que han visto cómo el Odyssey se lleva 500.000 monedas presuntamente de costas andaluzas se pregunta: “¿y esto no lo pueden hacer empresas españolas?” La realidad dice, por ahora, que no porque, entre otras cosas, el proceso resulta tremendamente caro. El modus operandi de Odyssey es el siguiente. Se pone en contacto con historiadores locales para que vayan a archivos históricos y le den posibles localizaciones de pecios. Sitúa en un mapa esos puntos y los gestores de la compañía se van a fondos de inversión internacionales o bancos para que le financien la operación. Una vez obtenidos los recursos, inician las prospecciones en esas coordenadas. Es un negocio de riesgo. A veces tienen premio y otras no. En cualquier caso, se necesita como mínimo un barco, aparatos geofísicos (sónar, etcétera), un buen equipo de submarinistas y unos submarinos articulados con cámaras de vídeo, llamados Rov, que pueden bajar a más de 40 metros de profundidad –lo máximo a lo que puede descender una persona– y que cuestan en el mercado entre 150.000 y tres millones de euros. La inversión, por tanto, es enorme.
Para realizar una excavación arqueológica en el mar hace falta, como se hace sobre tierra, un permiso de la Junta de Andalucía ya que las competencias son autonómicas. Jesús Romero, director de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, explica que lleva más de tres años en el cargo y, “salvo las solicitudes del Odyssey, que han sido todas denegadas, no nos ha llegado ninguna otra solicitud para hacer excavaciones subacuáticas a excepción de los dos barcos que está investigando el CAS, porque para acometer estos proyectos se necesitan millones de euros”.
Los grandes buques y tesoros arqueológicos están, según Carmen García, a 700 ó 800 metros de profundidad. Pero a menos de 40 metros se pueden ver muchos restos. Lamentablemente, según los expertos, el 85 por ciento de estos yacimientos han sido expoliados. “Unos se producen de forma malintencionada para vender ánforas o monedas en el mercado negro y otras veces es simplemente por llevarse un recuerdo”, dice la coordinadora del CAS. Ambos casos están penados pero la protección es insuficiente.
El CAS, en la Carta Arqueológica, ha delimitado zonas arqueológicas con yacimientos y zonas donde es posible que haya restos en todo el litoral andaluz. Romero señala que “se ha hecho un trabajo de campo y ya hay un borrador aunque todavía no se ha aprobado”. Una vez se haga, estas zonas tendrían una declaración parecida a los Bienes de Interés Cultural (BIC). Una defensa legal contra los cazatesoros.
MALAGA HOY