Aunque casi todos los políticos coinciden en afirmar que la sanidad pública no se va a tocar, eso no se lo cree nadie. Los recortes, hasta ahora, en los centros sanitarios han consistido en la reducción porcentual del sueldo del personal y de los presupuestos, el cierre de diversas actividades (plantas, quirófanos, consultas, etcétera) y los retrasos en el pago a los proveedores. Un prodigio de gestión. Como posibles soluciones de futuro se plantea el copago por los pacientes y la privatización progresiva de servicios que pasarían a manos de ese mismo mercado que tanto ha ayudado a llevarnos a la situación en la que estamos.
Sin embargo, el enorme desarrollo tecnológico y farmacológico durante la etapa de bonanza económica, acompañado de una paralela relajación en el uso de recursos que tampoco beneficia a los pacientes, deja, en mi opinión, en el sector sanitario un amplio margen de maniobra para hacer las cosas mejor a menor precio, y este es precisamente el campo de actuación de los médicos, decidir qué pruebas y qué tratamientos son los necesarios, y no otros, en cada caso, para el diagnóstico y tratamiento de los enfermos. Pero eso requiere fórmulas nuevas de organización y pactos para el uso de esos recursos.
Los profesionales sanitarios podemos cerrar los ojos al futuro y esperar que los políticos y los intereses económicos de algunos grupos decidan por nosotros, o podemos recuperar de forma colectiva el protagonismo que en su día sirvió para implantar una medicina pública moderna en nuestro país y defender un sistema sanitario universal, homogéneo y sostenible