Los malagueños que tengan una piscina en su vivienda o urbanización deberán tener en cuenta que se exponen a multas de hasta 600.000 euros si deciden llenarla este verano con agua potable. La Junta de Andalucía y la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) harán uso del satélite para vigilar y sancionar a todo aquel que haga caso omiso del decreto de sequía, que prohibe expresamente el uso de agua potable para cualquier otra actividad ajena al consumo humano.
La dificultad de controlar las 2.500 piscinas privadas que hay en la capital ha llevado a la Cuenca Mediterránea Andaluza a pedir la colaboración de la empresa malagueña de agua para poner en marcha una campaña de control en la capital de cara a la llegada del verano. No será una tarea fácil, aunque se servirán de las imágenes captadas vía satélite para saber si una piscina se ha llenado recientemente y actuar.
La Junta alertará de las fincas de las que tenga alguna sospecha de que han llenado sus piscinas con agua potable para que Emasa pueda contrastarla mediante los datos de sus consumos.
“Si detectamos que se ha producido alguna anomalía en el gasto de esa vivienda con respecto a otros periodos enviaremos de forma inmediata a los inspectores para comprobarlo y avisar a la Junta para que inicie el expediente sancionador correspondiente”, explicó ayer a este periódico el director comercial de Emasa, Guillermo Cao.
La campaña de vigilancia ya ha comenzado, aunque Emasa complementará estas actuaciones con su propio plan de control que puso en marcha en febrero para visitar las 2.500 piscinas registradas en la ciudad.
Diez inspectores se encargan de visitar todas estas instalaciones y comprobar si se han llenado este año para informar a la Junta de Andalucía, que es la que tiene la capacidad de sancionar. Hasta el momento se han realizado 1.300 inspecciones y se espera que a lo largo del verano se hagan 2.000 más.
Según Cao, llama la atención el hecho de que el consumo de agua potable para el llenado de las piscinas ha descendido alrededor de un 20 por ciento entre abril y mayo respecto al mismo periodo del año anterior. “La explicación es que el año pasado el decreto pilló por sorpresa y la mayoría de las piscinas estaban vacías en esa época, mientras que este año hemos detectado que la mayoría se han mantenido llenas durante el invierno”, aseguró.
En este sentido, parece que han surtido efecto las cartas que Emasa envió el verano pasado a todos sus clientes para informar de la prohibición de usar el agua potable para este fin. Los buenos resultados obtenidos han hecho que este año se vuelva a poner en marcha esta medida de disuasión y ya se han remitido unas 300 misivas.
El principal obstáculo que se encontró fue la identificación de los clientes que contaban con una de estas instalaciones, puesto que hasta que no entró en vigor el decreto de sequía no se solía especificar este aspecto en el contrato del agua.
La empresa de agua se basó en los datos del Catastro municipal para cuantificar el número de piscinas de la ciudad y catalogar a sus propietarios como clientes especiales para controlar su consumo de agua mensualmente entre abril y septiembre, por ser la época de llenado.
Las 30 piscinas públicas de la capital tampoco están exentas de cumplir con la prohibición del decreto de sequía de usar agua potable. Sin embargo, en este caso el control del agua es mayor por la legislación vigente y no suelen detectarse anomalías en su llenado, ya que además tienen derecho a utilizar diariamente un cinco por ciento del total de su capacidad para su reposición por cuestiones sanitarias.
Se calcula que las 2.500 piscinas de la capital gastan una media de 170 millones de litros por temporada, es decir, un 0,4 por ciento del gasto total anual de la ciudad. Puede parecer una cantidad insignificante, pero equivale a lo que consumen unas 3.000 personas al año.
MALAGA HOY