Teresa Porras
En el pleno municipal del jueves hubo una manifestación tribal de unos vecinos dirigidos por su chamán. Una chamana, en este caso, que reparte su medicina vecinal a golpes de dinero público. Si Javier García Recio hubiese informado en este periódico de que Teresa Porras había sido denunciada por incumplir la ley de contratación, la noticia no habría tenido tanto mérito como el que tienen las informaciones que ha firmado García Recio sobre la concejala.
Y las ha firmado con valentía, tal y como está de barata en el mercado la carne de periodista. La paradoja es que frente a su valentía de censurar con razón probada al poder, representado en este caso por la edil de Sostenibilidad, la letra de la ley a la que se agarra con desparpajo Porras «jerre que jerre», puede terminar hiriendo su pluma. De la misma manera que una instrucción fallida, y unas escuchas telefónicas anuladas, han terminado por desinflar el presunto caso de blanqueo de dinero más importante de la democracia, transmutando la que comenzó siendo ballena blanca en apenas ameba decolorada.
La ley y la trampa
Mal vamos como sociedad si lo que les exigimos a nuestros políticos es que se atengan a la ley. ¡Faltaría más que no lo hiciesen! Cumplir la ley nos va a todos en nuestra responsabilidad de ciudadanía, y mucho más a quienes manejan dinero público y asumen parcelas de poder. Es en la ética con que se manejen los responsables públicos, además de en su capacidad de gestión, donde debemos poner nuestras exigencias como administrados.
Lo relevante en las contrataciones censuradas por este periódico no es que se atengan a la ley, lo contrario competería a la Justicia, sino cómo se burla el espíritu de la ley. Por ejemplo, favoreciendo presuntamente a unas empresas sobre otras, dando apariencia de concurso libre a pujas ocupadas por empresas que al final vienen a ser la misma empresa, o a estar participadas por familiares entre sí. No es difícil pensar que esto se hacía de esta manera, presumiblemente, para evitar el cante de elegir a dedo, como permite la ley en contrataciones menores, a las mismas empresas de manera reiterada.
Clientelismo
La tentación de aposentar los reales políticos en un reparto clientelista de contrataciones y prebendas la deben de tener todos los políticos con capacidad de gestión para conseguirlo. Por eso hay que vigilar desde el periodismo. No sirven sólo los controles administrativos. Éstos se demuestran insuficientes ante la corrupción, como se puede constatar actualmente en el caso de los eres fraudulentos de la Junta.
El periodismo debe vigilar los comportamientos poco éticos de quienes detentan algún poder sobre sus administrados. Si en esa vigilancia informativa, en esa cortapisa incómoda para el abusador público y necesaria para la sociedad, se produce algún defecto de forma, jamás debería servir éste para deslegitimar el esfuerzo informativo del periodista, pieza fundamental en la defensa de los administrados frente al abuso de poder y el uso del clientelismo de algunos políticos. Eso es lo que lleva haciendo muchos años Javier García Recio, elaborando informaciones independientes y comprometidas que no pueden ser deslegitimadas por la fácil acusación de que son partidistas, trabajando con una obvia diversidad de fuentes a tenor de la cantidad de noticias que lleva firmadas, y sin más necesidad de complicarse la existencia que la de creer en su oficio.
Fuente: La Opinion de Málaga