La inestabilidad del terreno obliga a reducir un proyecto de casas adosadas entre el Candado y la Araña

Los promotores del sector de La Platera disminuyen de 534 a 406 las viviendas previstas en la zona a petición de la Gerencia de Urbanismo

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Viernes, 4 de agosto 2023, 00:20

Una de las operaciones urbanísticas más complejas de cuantas se han reactivado en Málaga en los últimos años sigue aún inmersa en la tramitación burocrática por la que tiene que pasar para poder materializarse. Se trata del proyecto para construir medio millar de viviendas adosadas en los suelos situados entre El Candado y la fábrica de cemento de La Araña. Después de tres años de informes y estudios medioambientales, esta operación recibió el año pasado un pronunciamiento ambiental favorable por parte de la delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. No obstante, la inestabilidad de parte del terreno sobre el que se va a realizar ha motivado cambios en la ordenación del proyecto, que va a tener que pasar por un nuevo periodo de exposición pública.

La demora en la tramitación de este proyecto se ha debido en gran medida a los reparos puestos desde la Junta respecto a la ubicación de las parcelas para levantar las casas, ya que se trata de un suelo con un elevado riesgo geológico en algunas de sus zonas. Así, los promotores, asesorados por el estudio del arquitecto Ángel Asenjo, tuvieron que modificar la distribución de los espacios residenciales para evitar lugares concretos que, por sus condiciones naturales, son menos seguros a la hora de llevar a cabo la cimentación de las construcciones previstas.

La zona, conocida como La Platera, posee una complicada orografía, marcada por las pendientes. Sin embargo, está llamada a albergar varios cientos de casas, según el expediente que está en curso ante la Gerencia Municipal de Urbanismo de la mano de su principal promotora, la compañía Financiera y Minera, actualmente reemplazada por la nueva sociedad Financiera y Minera Sur, después de que la fábrica de cemento de La Araña haya sido adquirida por la compañía brasileña Votorantim Cimento. Financiera y Minera compró en subasta este suelo a la Autoridad Portuaria en el año 2002.

Según ha podido conocer SUR, el departamento de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo emitió a principios de este año un informe para valorar la última versión del proyecto aportada por su promotora en el que puso reparos a que se hubieran previsto los equipamientos escolar y social del proyecto en parcelas que presentan un mayor riesgo por la inestabilidad del suelo. «Debe evitarse tratando de buscar una localización alternativa que contribuya a evitar tales riesgos», apuntó ese pronunciamiento de Urbanismo, en el que también se consideraba demasiado baja la superficie construida media del más de medio millar de viviendas que se planeaban inicialmente, en relación a otros proyectos de unifamiliares de esta zona de la ciudad.

Tras esas indicaciones, los promotores presentaron el pasado mes de julio una nueva versión de la ordenación del sector en la que reubican las parcelas previstas para un futuro centro escolar y otro social para la zona, de forma que ya no se encuentran en los suelos que presentan un mayor riesgo geológico, que pasan a ser zonas verdes de uso privado. Este reajuste del proyecto también implica una reducción del número de viviendas previsto y el aumento de la superficie media de cada una de ellas, como pedía Urbanismo. Así, se baja de 534 a 406 casas, y la superficie media sube de 89 metros cuadrados a 116.

Los últimos cambios introducidos en esta operación urbanística obligan a que tenga que pasar por un nuevo periodo de exposición pública

Estos cambios obligan a que el proyecto pase por un nuevo periodo de exposición pública que va a activar Urbanismo, sin que tenga que volverse a una nueva aprobación inicial. Fuentes cercanas al proyecto han señalado que «se ha ajustado parte de la estructura viaria para mejorar la ordenación del suelo y la funcionalidad del conjunto». No obstante, todavía le resta tramitación a nivel municipal hasta que se alcancen los permisos para poder urbanizar los suelos.

Esta operación urbanística se ha dividido en varias fases de ejecución de las que la primera comprende los terrenos más próximos a la urbanización El Candado. Estos suelos están relacionados con un sorpresivo suceso urbanístico que aconteció hace ya más de veinte años en esta zona de la capital. En la madrugada del 11 de septiembre del año 2000, un corrimiento de tierras provocó graves daños en la urbanización Montegolf y obligó a desalojar de sus casas a unos cuarenta vecinos. El fenómeno ocasionó grandes grietas en las calles y en las viviendas, de las que tres tuvieron que ser demolidas y otras dos quedaron muy deterioradas.

Los vecinos atribuyeron este corrimiento a los desmontes que se realización para construir la autovía de la costa oriental, al norte de la urbanización, pero no lograron hacer valer sus argumentos, avalados por informes técnicos, en las causas judiciales que emprendieron por la vía penal y la contenciosa contra el Ministerio de Fomento. No obstante, obtuvieron del Ayuntamiento en 2003 el compromiso por escrito de que les cedería, en este espacio de La Platera, suelo municipal suficiente para construir casas nuevas a las que poder trasladarse y hacer más para poder financiar esas obras.

Los vecinos de Montegolf alcanzaron un acuerdo con la promotora Mountview, participada por Suba Homes, para que les construya 29 casas pareadas en la parte sur de esta actuación urbanística más próxima a la antigua carretera N-340, a cambio de que esta empresa también pueda disponer de suelo para 109 adosados. Además, asumirá la demolición de las casas que se vieron afectadas para dar paso a una zona verde. La ejecución de la primera fase de La Platera conlleva una inversión de unos 30 millones de euros y se estima un plazo de desarrollo de cuatro años, una vez que sea aprobada.

No obstante, la Junta ha impuesto varios condicionantes para el desarrollo de este proyecto. Uno de ellos es que, antes de que se inicie la cimentación de los edificios, un técnico competente deberá verificar ‘in situ’ las condiciones del terreno para adoptar «todas las medidas preventivas» previstas en los estudios ya realizados y las que, de manera adicional, considere ese profesional.